Las magistradas del Tribunal Supremo Ana Ferrer y Pilar Teso, ambas vinculadas al sector progresista, han retirado sus candidaturas para presidir dos de las Salas más relevantes del alto tribunal: la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, respectivamente. Esta decisión despeja el camino para que los actuales presidentes en funciones de dichas Salas, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, candidatos favoritos del sector conservador, queden confirmados en los cargos de manera definitiva por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La retirada se produce en un contexto de bloqueo institucional que afecta al CGPJ desde hace meses, en el que la falta de consenso entre los bloques progresista y conservador había impedido avanzar en los nombramientos. Según fuentes jurídicas, el paso atrás de Ferrer y Teso busca precisamente evitar que, por falta de acuerdo, la convocatoria para ambas presidencias fuera declarada desierta, lo que habría obligado a reiniciar el proceso con nuevos candidatos.
Ambas magistradas han formalizado su decisión a través de un escrito remitido a la presidenta interina del CGPJ, Isabel Perelló. En el documento, justifican su retirada como una manera de facilitar la renovación en los órganos del Supremo, ante el riesgo de que la prolongación del bloqueo mantuviera a las Salas de lo Penal y de lo Contencioso en una situación de interinidad indefinida.
La situación se había estancado desde octubre de 2024, cuando el Pleno del CGPJ no logró reunir los votos necesarios para nombrar a los nuevos presidentes. La previsión era retomar los nombramientos en el próximo Pleno ordinario, convocado para el 23 de julio, aunque ahora, con la retirada de las candidaturas progresistas, el camino parece despejado para que se confirmen, sin oposición a Arrieta y Lucas, los favoritos del sector conservador.
El Consejo General del Poder Judicial lleva más de seis años en funciones, al no haberse renovado desde diciembre de 2018 por falta de acuerdo político. Esta situación ha lastrado su capacidad de nombrar cargos clave en la cúpula judicial, y ha convertido cada elección en un escenario de enfrentamiento entre las dos sensibilidades ideológicas del órgano.