La ley con la que el Gobierno quiere convertir en "excepcional" la gestión privada de la sanidad pública

El Gobierno está preparando una Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud para introducir límites y condiciones para que los hospitales públicos puedan ser gestionados por entidades privadas.

Este anteproyecto de ley que pretende aprobar este martes el Ministerio de Sanidad en el Consejo de Ministros refuerza también los mecanismos de control del gasto y la supervisión de los conciertos, según han adelantado varios medios como 'El Confidencial' y ha podido confirmar Onda Cero.

La ministra Mónica García ha presentado el anteproyecto de esta ley en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Es un triunfo de la sociedad civil, de las demandas ciudadanas, que va a proteger y a blindar nuestro sistema de las garras especuladoras", ha dicho la ministra de Sanidad, que asegura que da "portavoz" al modelo que permitía que el lucro entrase en la gestión pública: "La incorporación de entidades privadas a nuestro modelo público ha tenido una incorporación errática".

Tres condiciones para la participación privada en servicios públicos

La nueva ley fija que la participación privada en la prestación de servicios sanitarios de titularidad pública será excepcional y para darse, se deben cumplir tres condiciones: imposibilidad de prestación pública del servicio en cuestión, garantía de sostenibilidad financiera y eficiencia y cumplimiento de criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.

"Lo privado queda para casos excepcionales donde se demuestre que la gestión pública no se puede hacer", ha señalado Mónica García en rueda de prensa, donde ha destacado que no se podrá recurrir a la gestión indirecta "por capricho o ideología", además de especificar que esta ley no va contra los modelos de colaboración público privada "sanos", sino contra los que han "detraído recursos de la pública para engrosar cuentas al margen de lo público".

Así, todo aquel que quiera "externalizar" cualquier servicio de este ámbito tendrá que "demostrar" que no puede prestarlo con recursos propios, según ha asegurado la ministra de Sanidad.

Evaluación previa

Antes de formalizar conciertos o fórmulas de colaboración público-privadas se hará una evaluación previa y en este procedimiento las comunidades deberán elaborar un informe que justifique la necesidad de recurrir a la gestión privada.

Asimismo, el texto establece que en los conciertos se priorizarán entidades no lucrativas frente a operadores mercantiles, si se opta por una fórmula de colaboración con el sector privado.

Por otro lado, se prohibirán los contratos en los que la construcción de un hospital y la gestión posterior sea asumida al mismo tiempo por una empresa privada. Además, la Alta Inspección podrá asesorar a las comunidades que quieran volver a la gestión pública directa.

Las comunidades deberán rendir cuentas sobre contrataciones y conciertos e indicadores de calidad del servicio para incrementar el control público.

Esta ley no afectará a los contratos u otras fórmulas anteriores a su entrada en vigor.