Ketty Garat ante un posible fraude en la regularización de migrantes: "Somos víctimas de las mafias"
La periodista analiza en Por fin las últimas informaciones aportadas por el sindicato policial JUPOL sobre el procedimiento de regularización de migrantes en España.
Madrid |
"Cuando el problema dominante es la falta de previsión, somos víctimas de las mafias". Así de contundente se ha mostrado la periodista Ketty Garat en Por fin sobre las últimas informaciones del sindicato policial JUPOL que advierten de un posible fraude en la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno. "Me preocupa mucho esta noticia, porque, siendo rigurosos y ateniéndonos a los datos, la demanda de solicitudes podría llegar hasta casi un millón y medio de personas".
Lo cierto es que, según comunica JUPOL, se han detectado unas 400.000 solicitudes fraudulentas. Es decir, solicitudes de personas que no han vivido ni trabajado en España y que podrían acogerse a la regularización. "Estamos hablando de que puede haber un 30% de solicitudes fraudulentas y que estén intentando sortear los radares de las administraciones españolas. Esto es muy peligroso porque eleva la potencialidad del peligro de la seguridad de una manera completamente capital y exponencial", asegura Garat.
La periodista insiste en que los datos son datos: "Un millón y medio en total y 400.000 solicitudes que vienen de países extranjeros que no estaban en España, que no cumplen las condiciones para ser regularizados. Es el 30% y es una barbaridad (...) A mí eso me preocupa".
Es una barbaridad
Según advierte, no solo se elevaría el porcentaje de las solicitudes, sino también "se eleva entre la potencialidad de las personas potencialmente peligrosas que pueden entrar y sortear el radar de las administraciones de la misma manera que lo están haciendo otras personas que no conllevan ningún tipo de riesgo".
La propuesta del Supremo
En medio de todo esto, el Tribunal Supremo plantea la posibilidad de llevar el proceso de la regularización extraordinaria de migrantes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en caso de que entre en conflicto con el derecho comunitario.
Así lo acuerda el alto tribunal en dos providencias que ha dictado en la tramitación de los recursos interpuestos por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón contra determinados aspectos del real decreto del pasado 14 de abril conocido como de 'regularización de extranjeros'.
En dichas resoluciones, el Supremo da traslado a las partes para que en el plazo de cinco días puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de formular ante el TJUE "una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE". Estas providencias han sido dictadas por el tribunal antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas indicadas.