El proceso de regularización de migrantes se ha convertido en una de las medidas más importantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque sus métodos han sido criticados y sus consecuencias pueden ser inesperadas.
De primeras, el Gobierno planeó una regularización de medio millón de personas, pero una vez finalizado el proceso de solicitud, las cifras superan a las esperadas: se han acogido a la regularización 1.300.000 personas.
Desde el sindicato de la Policía Nacional (JUPOL) aseguran que, aunque preveían una cifra "altísima", el número de solicitudes "se sale completamente de todos los esquemas": "Hemos tenido conocimiento de un informe donde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras alerta de que unas 400.000 de las solicitudes presentadas no pertenecen a personas que se encontraban en España durante el periodo exigido".
Explican que se trataría de "un fraude masivo porque realmente no cumplen con esos requisitos". "Esto viene a corroborar lo que denunciamos desde un principio y es que iba a generar un efecto llamada y que las mafias iban a hacer su agosto, porque realmente los requisitos que se exigen son muy laxos", cuenta la portavoz de JUPOL.
"Es fácil falsificar algo tan sensible y delicado como lo es la regularización de extranjeros", añade, asegurando que "se está afrontando de manera completamente improvisada y sin medios".
Según los cálculos de la policía, a 31 de diciembre de 2025, vivían en nuestro país en torno a 850.000 extranjeros sin papeles. Las cuentas no salen si se tiene en cuenta el número provisional de solicitudes de regularización final.
La portavoz concluye que "lo que antes iba a ser un coladero, ahora va a ser un coladero exprés".