Qué pasa si se suspende el proceso de regularización masiva por el choque con la normativa europea: "Los efectos serían mínimos"
Si el Tribunal Supremo eleva la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el proceso podría quedar suspendido mientras la sala delibera.
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Madrid |
El proceso para regularizar de forma extraordinaria a cientos de miles de inmigrantes en España podría enfrentarse a un importante obstáculo jurídico. El Tribunal Supremo estudia si la iniciativa del Gobierno entra en conflicto con la normativa de la Unión Europea y, antes de tomar una decisión, ha abierto un trámite de alegaciones para decidir si plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Abogacía del Estado defenderán que la regularización es plenamente compatible con el derecho comunitario. Sin embargo, si finalmente el Supremo decide acudir al tribunal con sede en Luxemburgo, podría dejar en suspenso la tramitación de la norma mientras Europa resuelve el caso.
¿Se paralizaría la regularización?
Fuentes jurídicas consultadas por Onda Cero sostienen que, incluso si el procedimiento quedara suspendido, las consecuencias inmediatas para las personas que ya hayan solicitado acogerse a la regularización serían muy limitadas.
La explicación es que, cuando finalice el plazo de presentación de solicitudes, los inmigrantes que cumplan los requisitos habrán obtenido ya un permiso temporal de residencia y trabajo. Por ello, una eventual suspensión del procedimiento tendría, en la práctica, un impacto mínimo sobre su situación inmediata.
Las consecuencias podrían llegar más adelante. Si el TJUE acabara dando la razón al planteamiento del Tribunal Supremo y considerara que la regularización vulnera el derecho comunitario, podrían surgir problemas respecto a la concesión de los permisos definitivos de residencia.
Las dudas del Tribunal Supremo
En una providencia fechada el 24 de junio, el Tribunal Supremo identifica hasta seis posibles incompatibilidades entre la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno y la legislación europea.
Antes de decidir si eleva la cuestión al TJUE, el alto tribunal ha concedido cinco días para presentar alegaciones a las partes implicadas, entre ellas la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las comunidades autónomas de Aragón y la Comunidad Valenciana, que recurrieron la medida.
Una vez reciba esos informes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo deliberará y decidirá si plantea la cuestión prejudicial y si suspende la aplicación de la regularización mientras se pronuncia la justicia europea.
Los posibles choques con la legislación europea
Entre las principales objeciones del Supremo figura un posible incumplimiento del principio de cooperación leal entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Según el tribunal, el Gobierno habría impulsado una regularización con efectos potenciales sobre más de un millón de personas sin que conste una notificación previa a la Comisión Europea ni una coordinación con el resto de socios comunitarios.
Asimismo, el Supremo aprecia un posible conflicto con el principio europeo de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades en materia migratoria. A su juicio, una regularización masiva decidida de forma unilateral por un Estado miembro podría afectar al conjunto del espacio europeo sin haber sido previamente consensuada.
Por el momento, el procedimiento continúa abierto y será el Tribunal Supremo quien decida en las próximas semanas si traslada o no estas dudas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.