El juez de la Audiencia Nacional bloquea las cuentas de Zapatero por el caso Plus Ultra
El bloqueo también afecta a cuentas de varias sociedades mercantiles que están siendo investigadas en la trama.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra, ha ordenado bloquear hasta el límite de 490.780 euros de cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias.
Dicho importe, según detalla nuestra compañera Eva Llamazares en Onda Cero, es el importe recibido por Zapatero de Análisis Relevante, una de las mercantiles señaladas por los investigadores. Según apunta Llamazares, el bloqueo también afecta a cuentas de varias sociedades mercantiles que están siendo investigadas en esta trama de influencias que dirigía el expresidente, según el auto de esta semana. La medida la ordenó el juez Calama al dictar el auto de imputación de Zapatero y que la Audiencia Nacional comenzó a tramitar este miércoles.
En dicho documento se cita a Zapatero para que declare el próximo 2 de junio como investigado. En él, el juez indicaba que, del análisis financiero realizado, el exdirigente socialista y su entorno eran "los beneficiarios finales de la operativa", ya que detecta "transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos".
"La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)", de sus hijas, detallaba.
Una trama organizada "de ejercicio ilícito de influencias"
Calama señaló que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".
Esa supuesta trama tendría como finalidad "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
Según el juez instructor del caso, se habrían utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".
También apunta que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta, que fue la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.