En una providencia, el magistrado insta a los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez para que comuniquen si procede la "ampliación, modificación, aclaración o corrección" del informe definitivo remitido al juzgado el pasado marzo en el que señalaban que el debut bursátil fue "fraudulento".
Según el documento elaborado por ambos inspectores, cedidos por el Banco de España, la operación fue "fraudulenta" ya que las cuentas del grupo desde su constitución hasta la reformulación tras la dimisión de Rodrigo Rato no expresaban su imagen fiel. En concreto, destacaron que los estados financieros recogidos en el folleto no coincidían con la realidad al reflejar unas provisiones para insolvencias de 6.913 millones de euros que consideraron "falsas".
"En los estados financieros consolidados de Bankia a 30 de junio de 2011 y sucesivos el ajuste de valor razonable del SIP se disfraza como provisiones por insolvencias, lo que es un claro caso de fraude contable", sentenciaron entonces los peritos judiciales, que ahora deberán revisar unas conclusiones que ni los investigados ni el propio Banco de España comparten.
En la providencia, el juez ampara su decisión en las últimas pruebas practicadas; en concreto, se refiere a las comparecencias tanto de Deloitte como de su socio auditor, Francisco Celma, que el pasado junio defendió su labor en Bankia e insistió en que las provisiones específicas pendientes de asignación, el "colchón" de la entidad, eran más que suficientes.
Pero además Andreu también da la opción a los peritos de que valoren su informe después de conocer las declaraciones de los miembros de la dirección general de Supervisión y Regulación del Banco de España, cuyos inspectores Pedro González y Pedro Comín ratificaron que Bankia disponía de suficientes provisiones.
Una versión también certificada por el inspector José Antonio Casaus, quien no obstante señaló que pese a disponer de tal colchón el grupo BFA-Bankia era inviable en diciembre de 2010, meses antes de la salida a Bolsa de la entidad. La última versión del informe será decisiva para que la Audiencia Nacional concluya la instrucción del caso, iniciada en 2012, y decida si abre juicio oral y sienta en el banquillo a la antigua cúpula de Bankia, encabezada por su expresidente Rodrigo Rato, que podría enfrentarse a penas de hasta 6 años de cárcel.