El Gobierno y la Conferencia Episcopal han cerrado un acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia en la que ésta admite que hay un millar de esos bienes cuya titularidad no le consta o corresponden a un tercero y por tanto, se abre la vía para su regularización.
El acuerdo se ha hecho público tras la reunión que han mantenido este lunes el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella.
Un comunicado conjunto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de la Conferencia Episcopal informa de algunos detalles de ese pacto, al que se ha llegado tras la intensificación desde agosto de los trabajos de la comisión creada por ambas partes en relación con este asunto.
El Gobierno remitió al Congreso un listado de bienes inmatriculados (registrados por vez primera) por la Iglesia católica entre los años 1998 y 2015 y la Conferencia Episcopal ha hecho, según ambas partes, un estudio "exhaustivo" del mismo con consultas a las diversas diócesis.
Se han catalogado los bienes, se han dividido por diócesis y se han verificado los procesos de inmatriculación de cada uno de los bienes.
De ese estudio realizado por la Iglesia se ha concluido que hay un conjunto de bienes que considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo.
En concreto, se reconoce que hay un millar aproximado de bienes cuyos datos han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal.
Tras ello, el Ejecutivo pondrá en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información para que se puedan iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder.
A estos efectos, la Iglesia ha manifestado su compromiso de colaboración con el fin de facilitar esos procesos.