Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años
El Consejo de Ministros de este martes invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial.
Así lo anunciado en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X, en el que advierte de que "la impunidad de los gigantes debe acabar".
"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir", ha denunciado Sánchez.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado en Bluesky que con esta decisión el Gobierno da un paso más para garantizar los derechos de la infancia en las redes sociales.
Recuerda la ministra que en enero solicitaron a la Fiscalía que investigase si X había cometido delitos de pornografía infantil y destaca que "hoy, activamos en Consejo de Ministros el Art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para investigar a las grandes plataformas".
El presidente del Gobierno anunció el pasado 6 de febrero a través de un vídeo en X una campaña de cinco medidas contra las redes sociales al considerar que hay aplicaciones que "dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia".
"Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró y subrayó que "las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido".
Una de esas medidas es la prohibición de acceso de los menores a las redes sociales, con la obligación hacia las plataformas para implementar "medidas efectivas de control de edad", lo que Sánchez calificó como "barreras reales que funcionen": "Estamos en un entorno en el que estos menores nunca deberían navegar solos".
El Gobierno también perseguirá la manipulación de algoritmos que utilice datos sin consentimiento y trabajará para imponer responsabilidades penales a las compañías si se niegan a retirar contenidos ilícitos de sus redes.