El Gobierno aclara que los jueces "no tienen obligación de asistir" a comisiones sobre supuesto 'lawfare'
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha aclarado que del "marco legal y constitucional que regula las comisiones de investigación se deriva que las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales".
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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aclarado que los jueces "no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación" parlamentarias, tampoco a las recientemente creadas para detectar supuestos casos de 'lawfare', porque además "tampoco tendría ninguna utilidad".
Así se ha expresado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha aclarado que del "marco legal y constitucional que regula las comisiones de investigación se deriva que las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales".
Artículo 76 de la Constitución
Las comisiones de investigación están "claramente reguladas" en el artículo 76 de la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con los jueces y magistrados, y en el propio reglamento del Congreso, ha enumerado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro ha marcado distancias con la posición de Junts, partido con el que el PSOE ha pactado la creación de dos de esas comisiones de investigación, una sobre la denominada operación Cataluña relativa a una presunta trama parapolicial creada durante el Gobierno del PP para atacar al independentismo y otra sobre los atentados de Cataluña del 17 de agosto de 2017.
Además de éstas, a propuesta de ERC se investigará en el Congreso el espionaje a dirigentes políticos, entre ellos al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, o al president de la Generalitat, Pere Aragonès, mediante el programa Pegasus.
Los partidos independentistas quieren que los jueces implicados comparezcan en el Congreso cuando se les cite y el portavoz de Junts, Josep Rius, advirtió ayer a los que no lo hagan de que podrían enfrentar "consecuencias penales".
Sin embargo, Bolaños recalca que del marco legal y constitucional "se deriva que las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales", ha zanjado.
Los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a estas comisiones, ha dicho, y ha añadido que su comparecencia no tendría "ninguna utilidad". El conocimiento que tienen de los procedimientos investigados "es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar".
El ministro, por otra parte, ha recalcado el compromiso del Ejecutivo de desclasificar aquellos documentos que los jueces reclamen en sus pesquisas sobre asuntos como el espionaje a dirigentes políticos mediante el programa Pegasus.
Bolaños ha subrayado que desde hace tiempo el Ejecutivo ha manifestado su voluntad de actuar "con máxima transparencia" en este asunto, así como su intención de que se aclare cuanto se deba aclarar, con "la conciencia tranquila" y el "único límite de la seguridad nacional".
Bolaños aprueba por decreto reformas para digitalizar los juzgados y agilizar los procesos
El Consejo de Ministros ha aprobado por real decreto el grueso de dos proyectos de ley que comenzaron a tramitarse la pasada legislatura para digitalizar los juzgados, extender los juicios telemáticos y agilizar vistas y procedimientos ante el aumento de la litigiosidad.
"Es el mayor avance en transformación digital de la historia de la Justicia", ha afirmado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al presentar la parte "mollar" del real decreto de medidas urgente aprobado para la ejecución del plan de recuperación comprometido con la Unión Europea.
Con este decreto, ha explicado, España cumple los compromisos adquiridos con Bruselas y este miércoles pedirá a la Comisión Europea el desembolso de un pago de 10.000 millones de euros.
Es el mayor avance en transformación digital de la historia de la Justicia
Eficiencia digital y procesal
El primer bloque del decreto rescata los proyectos de ley de eficiencia digital y de eficiencia procesal que se tramitaban en el Congreso y que decayeron con la convocatoria de las elecciones y la disolución de las Cortes.
"El derecho a acercarse a la Justicia por medios electrónicos a partir de mañana será la norma y no la excepción", ha afirmado Bolaños.
Según ha explicado, la celebración de vistas, juicios y actos procesales a través de medios telemáticos será la norma; se crea la carpeta de justicia, con la que cualquier persona podrá acceder a los expedientes que tiene en distintos juzgados; se crea también el expediente judicial electrónico, para consultar de forma telemática el estado de los procedimientos; y se apuesta por la interoperabilidad de órganos que colaboran con la Administración de Justicia.
Las vistas serán también telemáticas en el ámbito penal
De las medidas de eficiencia procesal, Félix Bolaños ha subrayado que las vistas serán también telemáticas en el ámbito penal.
En el contencioso-administrativo, se dota a los juzgados para agilizar la tramitación de los procedimientos, por ejemplo con el traslado digital a los ciudadanos del expediente administrativo, el inicio de cualquier recurso; y en el ámbito civil se reducen las cuantías para celebrar juicios verbales.
Se agilizan también los procedimientos de familia y la ejecución de sentencias y se crean los procedimientos testigos, que podrán ser aplicados cuando se registran muchas demandas similares, por ejemplo de consumo: se suspenden todos los procedimientos mientras el primero se tramita con agilidad y sirve de referencia para el resto.