En su recurso de reposición, el Gobierno catalán reclama la nulidad de la providencia dictada por el juez que autorizaba la entrada en la institución museística "incluso con la fuerza pública", ejecutada finalmente entre la madrugada y la mañana del pasado lunes.
El escrito de la Generalitat alega "indefensión" ya que, subraya, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé para los casos de entrada en un domicilio "sin consentimiento" que debe de ser en forma de auto judicial a fin de dar la posibilidad a la parte demandada de presentar alegaciones.
Además, consideran los servicios jurídicos que la medida acordada por el juez fue "injusta y desproporcionada" ya que, en su opinión, "nada justificaba dicha extraordinaria actuación fuera de los horarios habituales de intervención de los juzgados civiles".
El escrito, que firma el letrado de la Generalitat Xavier Muñoz, critica la utilización de la fuerza pública al entender que provocó como resultado una "imagen lamentable" para la parte demandada.
Tras asegurar que ni la Generalitat ni el Museo de Lérida, ni sus funcionarios son "merecedores" del trato recibido, el recurso ve "incomprensible" la utilización de la fuerza pública.
"No existen antecedentes -agrega- que pudieran hacer suponer una actitud hostil de los responsables del museo que justificasen tal medida", por lo que las considera "totalmente desajustadas a los principios que rigen el cumplimiento de las resoluciones judiciales".
Señala también el escrito que el plan de intervención acordado "no respetó" el horario de los funcionarios a pesar de que el director del museo "se había ofrecido para abrir las instalaciones a primerísima hora de la mañana del día 11".
Por estas razones, los servicios jurídicos piden retrotraer las actuaciones antes de la ejecución de la sentencia y reclaman la devolución de las piezas, "por haber salido las mismas sin haberse respetado el procedimiento legalmente establecido".