Los funcionarios de Justicia: "Frente al clasismo, no vamos a parar"

"Es indignante el clasismo que sufrimos 45.000 empleados públicos". Los funcionarios de Justicia, que hoy secundan su segunda jornada de huelga general indefinida, han querido evidenciar la discriminación que vienen denunciando en las negociaciones con el sector.

A la misma hora en que 6 asociaciones de jueces y fiscales firmaban dentro del Ministerio de Justicia el acuerdo que evita la huelga de magistrados y representantes del ministerio público, una representación de los funcionarios se ha trasladado a las puertas del

edificio con pancartas, silbatos y bocinas.

El grupo apenas superaba las diez personas para que el acto no pudiera ser considerado como una manifestación o concentración, ya que no contaba con autorización previa.

"Es inaudito que un gobierno democrático, progresista, no nos haya convocado a ninguna reunión cuando llevamos mas de un mes de huelga", ha señalado el representante del sector Justicia del sindicato CSIF, Javier Jordán, en declaraciones a los medios.

CSIF apela directamente a los votantes que el próximo domingo acudirán a las urnas. “El Ministerio de Justicia tendrá que darle una respuesta a los ciudadanos a los que el 28 les va a pedir el voto, oiga, tengo aquí sus procedimientos colgados por un conflicto

que me plantean y no hago absolutamente nada por intentar resolver el conflicto, llegar a un acuerdo con el comité de huelga y plantear una contrapropuesta”, ha concluido Jordán.

Los sindicatos denuncian que la ministra Pilar Llop está "ausente" y "va a lo suyo". Recuerdan la carta enviada al presidente del Gobierno para que intervenga personalmente ante "la incapacidad de sus ministras de Hacienda y Justicia para resolver el

conflicto".

Clasismo

Una hora antes, en la concentración convocada a las puertas del Congreso de los Diputados, los funcionamos de Justicia reclamaban que el Gobierno les llame a negociar. "Está demostrando cierto clasismo, ha atendido solo a los togados y sin embargo nosotros seguimos reivindicando que se nos convoque", ha denunciado desde CSIF Juan Carlos Ferreiro.

Los sindicatos lamentan que a estas alturas, después de más de un mes de protestas y en su segunda jornada de huelga general indefinida, no hayan sido citados para sentarse a negociar con Justicia y Hacienda.

45.000 funcionarios están llamados a la huelga y a las diversas concentraciones convocadas en una semana caliente en vísperas de las elecciones. Este jueves está programada una gran manifestación en el centro de Madrid, que discurrirá desde el ministerio de Justicia hasta Función Pública. "No vamos a parar hasta conseguir nuestros legítimos derechos profesionales, es indignante el clasismo que sufrimos 45.000 empleados públicos", ha señalado Ferreiro.

Discriminación

Este colectivo denuncia que ha habido mejoras en las condiciones y salarios de letrados judiciales, jueces y fiscales mientras ellos representan al 93 por ciento de la Administración de Justicia sin que nadie las haya llamado para sentarse a negociar.

El sindicato CSIF cifra el seguimiento de la segunda jornada de huelga general indefinida en un 85 por ciento. Según sus cálculos, el primer mes de movilizaciones y paros ha provocado la suspensión y aplazamiento de más de medio millón de juicios y la

paralización de 40 millones de actuaciones judiciales.

Los convocantes destacan que la situación está provocando elevadas pérdidas económicas y un perjuicio a la ciudadanía "difícil de medir por la acumulación de casos retrasados". Sin embargo responsabilizan en exclusiva al ministerio de Justicia y a la "actitud intransigente, soberbia y clasista de Pilar LLop". La acusan de atender solo las reclamaciones del personal de los cuerpos de mayor titulación, ignorando y despreciando al resto.

Los funcionarios de Justicia exigen que el Gobierno se siente a negociar la mejora retributiva de todo el personal, además de un nuevo catálogo de funciones de cada cuerpo funcionarial para adaptarlas a la "realidad" y mejorar el servicio publico reconociendo

"su profesionalidad". También reclaman participar en la negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa, que afecta a sus condiciones de trabajo.

Además, reclaman la negociación y aprobación del Real Decreto que desarrolle la carrera profesional. Argumentan que es un derecho reconocido desde hace cuatro años y medio en la LOPJ que también se les deniega incumpliendo la ley.