Madrid |
La Fiscalía no ha dejado pasar ni unas horas desde la apertura de la investigación sobre un posible delito medioambiental en el vertido de 26,3 toneladas de pellets al mar procedentes de un contendor desprendido del buque Toconao y, dada su “especial trascendencia”, el fiscal jefe de la unidad ha ordenado las primeras diligencias, entre ellas el análisis de las bolitas.
En un oficio fechado este martes, el fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ordena a la Unidad del Seprona adscrita a esa Fiscalía que pida a las comandancias de la Guardia civil territorialmente implicadas toda la información de la que dispongan acerca de las “actuaciones practicadas por ellas hasta la fecha”.
Además, el fiscal solicita la toma de muestras del material potencialmente peligroso que estas comandancias deberán analizar en coordinación con la unidad técnica adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente. También tendrán que determinar “los lugares de arribada de cantidades de microplástico detectadas y data temporal del material potencialmente contaminante”.
El Seprona también deberá colaborar en este análisis, dada la constancia de que ya ha tomado muestras y practicado analíticas por parte de su personal especializado. El fiscal insta a que indiquen en qué consiste y su resultado si lo hubiera.
En el mismo oficio, Vercher reclama a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia un informe sobre la llegada y detección del material potencialmente contaminante a las costas gallegas, en especial, su incidencia y evaluación en relación con el Parque Nacional das Illas Atlánticas y el Parque Natural das Dunas de Corrubedo e as Lagoas de Carregal e Vixán, por ser espacios de especial protección y consideración medioambiental.
Por último, la Fiscalía pide colaboración a los fiscales superiores de las comunidades autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco para que le remitan cuantas actuaciones se hayan practicado en su ámbito, en relación con estos hechos que, a partir de ahora deberán dejar de investigar, una vez que el fiscal de sala ha asumido las diligencias.