La evasiva de Zapatero cuando el juez Calama le preguntó por sus trabajos con la empresa de Bolivia: "No voy a decir nada más"
El expresidente del Gobierno ya fue preguntado el pasado miércoles en el marco del caso Plus Ultra por sus labores de asesoramiento.
Madrid |
Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha sacudido la actualidad política coincidiendo con la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso para hablar, precisamente, de corrupción.
El documento, remitido a la Audiencia Nacional en el marco del "caso Plus Ultra", implica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el posible cobro de una comisión de 200.000 euros a cambio de mediar ante el Gobierno de Bolivia para beneficiar al holding peruano Grupo Gloria.
La gravedad de las conclusiones policiales cobra aún más sentido tras la tensa escena vivida el pasado miércoles 17 de junio ante el juez instructor, José Luis Calama. El magistrado interrogó a Zapatero sobre la naturaleza exacta de sus supuestos servicios para la firma Focus Social Research, la sociedad interpuesta que se habría utilizado para camuflar el pago mediante un contrato falso de asesoría.
Ante las preguntas del juez, Zapatero se limitó a responder que realizó labores de "asesoramiento". Sin embargo, ante la insistencia de Calama para que explicase detalladamente el asunto, el expresidente se escudó en que no estaba preparado y zanjó de forma evasiva: "No está en el auto de nada. No voy a decir nada más de esto".
El "asesoramiento" de Zapatero nunca habría existido
Según indica la UDEF, ese asesoramiento del que habla Zapatero jamás existió. Los agentes sostienen que el contrato sirvió únicamente para dar apariencia legal al cobro de los 200.000 euros por un presunto delito de tráfico de influencias.
Las pesquisas, basadas en los mensajes interceptados a la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, revelan que Zapatero aprovechó su condición institucional para reunirse en Bolivia con altas esferas políticas, entre las que se incluirían el entonces presidente Luis Arce y el ministro de Justicia, César Siles.
El objetivo de las maniobras de intermediación consistía en resolver un conflicto multimillonario de la empresa Soboce, filial del Grupo Gloria, que se enfrentaba a una condena de 107 millones de dólares por competencia desleal. Una orden de pago que, tras las reuniones del político español en el país andino, terminó siendo anulada de manera sospechosa por los tribunales de Bolivia en mayo de 2025.