El demoledor auto de las cloacas del PSOE: intento de destrucción de causas penales, sobornos, extorsiones y utilización de periodistas

El auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dibuja una presunta organización criminal articulada desde el entorno del PSOE para intentar neutralizar investigaciones judiciales que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

La resolución judicial describe pagos opacos, uso de la estructura de Ferraz, intentos de soborno a fiscales y testigos, captación de información reservada de la Guardia Civil y utilización de periodistas y medios afines para desacreditar adversarios.

El magistrado sostiene que Santos Cerdán actuaba "en un plano de jerarquía superior" respecto al grupo formado inicialmente por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso, conocido internamente como "HIRUROK". Según el auto, el entonces secretario de Organización del PSOE habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido".

Pagos de 4.000 euros mensuales a Leire

La investigación apunta a que Leire Díez cobraba por desarrollar labores dirigidas a "desestabilizar" procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. El auto recoge que Santos Cerdán habría pactado una remuneración mensual de 4.000 euros para Díez con cargo a fondos del partido.

Posteriormente, esos pagos se habrían canalizado a través de sociedades vinculadas a Gaspar Zarrías y mediante intermediación del despacho del abogado Ismael Oliver para ocultar el origen de los fondos.

Según la resolución, la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, emitía las órdenes de encargo que servían de cobertura para elaborar "facturas mendaces" y permitir la transferencia de dinero a Leire Díez. El juez considera que esas maniobras buscaban romper la trazabilidad de los pagos.

El auto también detalla cómo el PSOE habría puesto recursos materiales y humanos al servicio de la actividad investigada. Ferraz acogió al menos 22 reuniones entre Santos Cerdán y Leire Díez, además de otras 17 fuera de la sede. Trabajadoras del partido gestionaban desplazamientos y reservas de viajes para Leire Díez y Javier Pérez Dolset. El magistrado documenta incluso billetes de avión y gastos logísticos sufragados presuntamente por el partido.

Utilización de periodistas afines y extorsión a un fiscal

La resolución judicial describe además una estrategia de utilización de periodistas y medios afines para difundir información contra adversarios políticos y mandos policiales. El juez menciona expresamente la denominada "Operación PSOE" y conversaciones sobre el uso de material procedente del comisario Villarejo para desacreditar a jueces, fiscales y miembros de la UCO. También se recoge la contratación de campañas publicitarias y pagos a través de medios vinculados a Patricia López Lucio y gestionados presuntamente desde el área de comunicación del PSOE.

El auto también menciona el presunto intento de influir sobre el fiscal Anticorrupción José Grinda. Según la investigación, se habría puesto sobre la mesa una oferta de 300.000 euros y un posible destino profesional en el extranjero a cambio de actuaciones favorables. Una anotación manuscrita intervenida a Leire Díez recoge literalmente: "300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor".

Captación de información secreta de la Guardia Civil

El juez también documenta maniobras para obtener información reservada de la Guardia Civil. El capitán Juan Sánchez Yepes habría facilitado datos sobre la estructura interna de la UCO y sobre mandos concretos de la unidad. El objetivo, según el auto, era recopilar información personal o comprometida que permitiera "neutralizar" a quienes investigaban casos sensibles para el PSOE.

Sobornos

La resolución recoge igualmente un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano, que había declarado haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. Según el auto, miembros del grupo habrían planteado una oferta de 50.000 euros para que modificara su declaración judicial. En conversaciones intervenidas se habla de que "esta se vende" y de que "debemos saber comprar".

Pedraz considera que existen indicios de delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, acusación falsa e incluso delitos contra las instituciones del Estado. El auto autorizó la entrada de la UCO en Ferraz para reclamar correos electrónicos, libros contables, contratos, registros de visitas y documentación económica relacionada con los investigados.

El PSOE no figura formalmente imputado, pero el juez sí sitúa a la sede y a la estructura del partido en el centro operativo y financiero de la presunta trama investigada.