Los delitos que se investigan a Mazón por su gestión de la DANA
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana anunció su apoyo a la justicia para que investigue la posible responsabilidad penal del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, respecto a lo sucedido en la provincia de Valencia
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana anunció su apoyo a la justicia para que investigue la posible responsabilidad penal del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA, que ha causado 223 víctimas mortales hasta el momento y numerosos damnificados en la provincia de Valencia.
En el escrito, la Fiscalía entiende que el órgano instructor "es necesario que actúe conforme a las normas generales, lleve a cabo una completa investigación judicial sobre los hechos acaecidos concretando la intervención de cada uno de los querellados y denunciados".
Alega que una vez concluida, se eleve a la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) una exposición razonada "en el caso que estimara que existen indicios de criminalidad suficientes" contra Carlos Mazón, en este caso.
Así, se ha pronunciado ante la petición de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, que acordó acumular en la misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas el pasado 13 de diciembre contra Mazón por la gestión de la DANA.
Los delitos que se investigan
En este caso, las siete querellas y denuncias ponen el foco en Mazón y varios ex cargos de su gobierno a los que atribuyen hechos similares. "Con desatención de sus deberes como máximas autoridades autonómicas valencianas, y ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia, y de ese modo no evitaron o, cuanto menos, no redujeron, la entidad de la catástrofe acaecida", recoge el escrito.
El ministerio público subraya que el contenido de las querellas y denuncias son relatos fácticos "coincidentes en esencia", al igual que las "infracciones omisivas, inacciones y falta de diligencia" con los resultados atribuidos a Mazón y miembros de su gobierno.
En concreto, les consideran responsables de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, daños imprudentes y omisión del deber de socorro.