El Constitucional baraja presentar el primer borrador de sentencia sobre la Ley de la amnistía en el Pleno del 10 de junio

La Ley de Amnistía, aprobada en el Congreso como parte del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y destinada a exonerar a los implicados en el 'procés' independentista catalán, encara su examen definitivo ante el Tribunal Constitucional. El alto tribunal, en el centro de la atención política y mediática, ultima los pasos para abordar una sentencia que puede marcar un antes y un después en la historia reciente de la democracia española.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Onda Cero, el primer borrador de la sentencia podría presentarse en el Pleno convocado para el próximo 10 de junio, abriendo así la recta final del proceso de deliberación sobre una ley que ha marcado la agenda política y judicial en España. Posteriormente, el tribunal tiene previsto celebrar un Pleno monográfico el 24 de junio para la deliberación a fondo del texto, lo que podría desembocar en la resolución definitiva antes del verano.

Composición del tribunal y decisiones en cuanto a la amnistía

El tribunal, con mayoría progresista (seis magistrados frente a cuatro conservadores), afronta este debate tras apartar al magistrado José María Macías del sector conservador de todos los recursos relacionados con la amnistía, una decisión que ha generado controversia y recursos por parte del Partido Popular y varias comunidades autónomas.

Ayer pudo conocerse el presidente de este órgano, Cándido Conde-Pumpido, decidió continuar con la tramitación del recurso contra la ley de amnistía sin esperar a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales planteadas. Esta decisión, que rechazó la petición de tres magistrados conservadores de suspender el debate, reafirma la independencia del Constitucional y mantiene el calendario previsto para abordar uno de los asuntos jurídicos y políticos más relevantes del momento.

Fuentes del tribunal confirman que el presidente Pumpido se plantea que la ponente de la sentencia, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, exponga el primer borrador en un pleno que arrancará el 10 de junio, para posteriormente convocar un pleno monográfico los días 24,25, y 26 de ese mismo mes en el que cada magistrado pueda expresar si criterio, informa Eva Llamazares.

De este modo el 26 de junio la sentencia que bendecirá o no la constitucionalidad de la Ley de la Amnistía podría someterse a votación. De lo contrario se dejaría para el Pleno siguiente.

En qué consiste la Ley de la Amnistía

La Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, fue aprobada para exonerar de responsabilidad penal y administrativa a los implicados en el proceso independentista catalán entre 2011 y 2023. La incluye no solo la organización y celebración de las mencionadas consultas, sino también otros posibles delitos o infracciones administrativas relacionados, como actos preparatorios, protestas y acciones derivadas del denominado 'procés' catalán.

Cabe destacar que esta pauta excluye expresamente los delitos de terrorismo que hayan causado graves violaciones de derechos humanos, pero su ámbito de aplicación y su encaje constitucional han sido cuestionados por la oposición y por sectores jurídicos.

El propósito de la ley, según su preámbulo, es superar una crisis política y social prolongada en Cataluña, restablecer la convivencia y fomentar el diálogo político, encauzando el conflicto dentro del marco constitucional y del Estado de Derecho. La amnistía, a diferencia del indulto, implica que los beneficiados no serán juzgados ni castigados por los hechos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley.

Reacciones y cuestiones pendientes

El recurso del Partido Popular, el más extenso y detallado, sostiene que la ley vulnera principios fundamentales del Estado de derecho y la igualdad ante la ley.

Todo apunta a que el Constitucional avalará la ley con algunos reparos técnicos, especialmente sobre la amplitud de su ámbito temporal y la exclusión de ciertos delitos, aunque la sentencia podría incorporar matices relevantes para su aplicación práctica.

La resolución que adopte el alto tribunal será determinante no solo para el futuro judicial de los encausados por el 'procés', sino también para el debate político y social en España. La decisión del Constitucional marcará un hito en la interpretación de los límites del perdón legal y el equilibrio entre la justicia y la normalización política en Cataluña.