El Gobierno de Pedro Sánchez ya amagó el pasado junio con renovar en solitario sus candidatos al Tribunal Constitucional (TC) ante la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos mientras se encuentra en funciones.
Por su parte, el CGPJ tiene que designar a sus dos candidatos antes del 13 de septiembre. En caso de que el Consejo no llegue a un acuerdo y si el Gobierno decide seguir adelante con sus nombramientos, el pleno del Tribunal Constitucional rechazará esa renovación parcial.
Según el artículo 159 de la Constitución, los miembros del TC deben ser designados por un período de nueve años y se reuevan por terceras partes cada tres.
Por ello, ante un posible bloqueo en el CGPJ, el Ejecutivo ha amenazado con una posible renovación en solitario. Es ahí donde previsiblemente el Gobierno se encontraría el "no" del Constitucional.
El relevo de los actuales magistrados del Constitucional implicará una mayoría progresista en la cámara.
Esto será clave en temas de gran calado como la suspensión de la pena a Antonio Griñán por el caso de los ERE de Andalucía, la ley del aborto, la ley de la eutanasia