El Congreso lleva al Gobierno al Constitucional por su negativa al control parlamentario

Fuentes parlamentarias han confirmado a Efe que los servicios jurídicos de la Cámara baja han registrado hoy el texto de la demanda que ahora será comunicada al Gobierno.

El pasado 6 de abril, el pleno del Congreso autorizó a su presidente, Patxi López, para que presentara ese conflicto de atribuciones al entender que el Gobierno podía estar en funciones pero no así la Cámara baja, que mantenía intacta su capacidad de control sobre el Ejecutivo.

Antes de la presentación de este conflicto, se dio trámite al Gobierno para que presentara sus alegaciones, en las que ratificó su criterio de que no puede ser sometido al control parlamentario mientras está en funciones.

En su escrito, el Ejecutivo reiteró que al no existir una relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Parlamento, no cabe que sea sometido a su control.

La confianza se otorga, según recordó el Ejecutivo en su escrito, mediante la investidura por parte del Congreso de un presidente del Gobierno, algo que no ha ocurrido en la XI Legislatura, en la que el Gobierno ha permanecido en funciones.

"Como consecuencia del otorgamiento de dicha confianza y sólo cuando ésta existe, el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados mediante los mecanismos de control establecidos en el propio texto constitucional y desarrollados por el Reglamento de la Cámara", remarca el escrito.

Una situación que podría repetirse después de las elecciones del 26 de junio si no se consigue investir un nuevo presidente del Gobierno.

Durante estos meses, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, han reprochado al Gobierno su "rebeldía" por negarse a acudir al Congreso, lo que motivó incluso que tuviera que suspenderse una sesión de control al Ejecutivo o que varios ministros se ausentaran en comisiones a las que habían sido convocados.

Patxi López llegó a reunirse con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para tratar de "convencerle" de que el Gobierno debía someterse al control parlamentario y evitar así "una guerra institucional".

No se llegó a un acuerdo y todos los grupos de la oposición decidieron llevar al pleno la presentación de ese conflicto de atribuciones que hoy ha llegado formalmente al Tribunal Constitucional.

En aquel pleno, el portavoz de PSOE, Antonio Hernando, criticó la "rebeldía declarada" del Gobierno en funciones y su "desprecio" a dar cuenta a los ciudadanos lo que, a su juicio, pone en cuestión el funcionamiento del sistema constitucional, mientras que Íñigo Errejón, de Podemos, alertó de que la falta de control al Gobierno podía acabar derivando en una falta de pluralismo.