Ciudadanos ha impulsado esta propuesta mediante una enmienda de totalidad a la proposición de ley del PNV que el Congreso debe debatir próximamente y que va en un sentido completamente opuesto: derogar la medida de la prisión permanente.
Actualmente, el Código Penal prevé el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado para presos con condenas de cientos de años o de prisión permanente que hayan cumplido quince años de condena, veinte en el caso de delitos terroristas.
Lo que plantea el partido de Albert Rivera es dificultar el acceso al tercer grado y que ningún condenado por delitos de especial gravedad pueda acceder al mismo hasta cumplir de forma efectiva veinte años de condena. También propone endurecer los requisitos para concederlo.
En el caso de los permisos ordinarios, reclama que solo se concedan a partir de los quince años de estancia en la cárcel.
Asimismo, quiere que cuando una persona haya sido condenada a más de cinco años de prisión por delitos de terrorismo, corrupción de menores o abusos sexuales, no pueda acceder al tercer grado hasta el cumplimiento del 75 % de la condena, no la mitad, como ocurre ahora.
A su juicio, esa es "la laguna principal" del sistema penal español, que permite que un condenado por varios asesinatos en serie, violaciones o pederastia obtenga beneficios como el tercer grado (que permite la salida de prisión con medidas de control), lo que a su juicio permite que reincidan.
En la presentación de la enmienda, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha recordado que su partido aboga por implantar los mecanismos legales necesarios para que la sociedad pueda defenderse de determinados delitos y hacer "más difícil" que delincuentes que han cometido delitos graves, como los violadores, puedan salir a la calle en pocos años.
Para Villegas, con independencia de lo que pueda decir en el futuro el Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la prisión permanente revisable, ahora lo que toca es "endurecer" el acceso al tercer grado para que delincuentes "especialmente peligrosos para la sociedad" no puedan salir a la calle y "campar a sus anchas".