En su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma del siglo XIX modificada en 75 ocasiones, es una "tarea inaplazable", empezando por el cambio en la figura que dirige la investigación para que sea el fiscal quien lo haga.
El fiscal, ha dicho, contaría con un juez de garantías que "aseguraría la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y libertades, imprescindible en actuaciones tales como, entre otras, autorizar diligencias que afecten a derechos fundamentales, o autorizar medidas cautelares personales y reales". "El tema ni es nuevo, ni sencillo, pero es verdad que la figura española del 'juez instructor' es un anacronismo en Europa, y existe consenso en que ese modelo debe sustituirse por el del 'fiscal investigador'", ha opinado.
Para llevar a cabo esta reforma, ha añadido, habría que dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo Estatuto, lo cual, ha dicho, el Gobierno está dispuesto a abordar. Esto daría, a su juicio, agilidad al proceso y facilitaría celebrar los juicios de forma más rápida una vez se consigue obtener pruebas contra el investigado. "La celebración del juicio debería ser inmediata, y allí practicarse la prueba plena en lugar de repetirse las pruebas en ambas fases como ocurre actualmente, lo cual es poco razonable, dilatorio y antieconómico", ha apuntado.
Según Catalá, también habría que llevar a cabo un recorte en los trámites judiciales para que no se dé el caso, como ocurre ahora, de que "hay testificales que se prestan hasta en tres ocasiones: policía, instrucción y juicio".
Otra de las fórmulas para conseguir un proceso más rápido sería, ha afirmado el ministro, mejorar las tareas de coordinación policial: "Es la policía quien debe seguir realizando las investigaciones, pero la eficacia de esa labor mejorará si se efectúa con criterios unificados bajo la dirección y el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal".
En la reforma de la ley procesal debería tratarse asimismo el papel de la policía judicial en la investigación de los delitos, los derechos procesales de investigados y víctimas, la potenciación de los procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación penal como alternativas al proceso.
Este cambio, ha dicho Catalá, no es fácil, "pero sí necesario para proporcionar a la sociedad del siglo XXI un proceso penal del siglo XXI".