Caso Koldo: un exasesor de Ábalos, el presidente del Zamora CF y un Guardia Civil podrían estar implicados
Koldo García, antiguo asistente del exministro socialista Ábalos, está siendo investigado por la Audiencia Nacional, que sospecha que el escolta podría haber ejercido de comisionista durante la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas en el punto álgido de la pandemia.
La supuesta trama de corrupción que investiga el juez Ismael Moreno, y que implica a un exasesor del socialista José Luis Ábalos, ya es conocido con con el nombre de 'Caso Koldo': la querella impuesta por el Partido Popular de Madrid, arropada por la Fiscalía, ha adquirido relevancia en los últimos días: autos de la Audiencia Nacional que vinculan a Koldo García, antiguo asistente personal del exministro Ábalos, con una serie de comisiones irregulares que supuestamente habría obtenido aprovechando su cercanía al Ministerio.
La Fiscalía sostiene que García habría constituido una "organización criminal" fundada para "mediar y conseguir" contratos públicos por parte de la administración, tal y como afirma EFE. Este grupo habría aprovechado la influencia de Koldo para ofrecer información acerca del proceso de adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión, que habría conseguido cerca de ocho contratos públicos para el suministro de mascarillas a diferentes administraciones públicas.
A pesar de que el juez Moreno sigue investigando, la Fiscalía señala a otras figuras presuntamente implicadas en el caso, como el presidente del Zamora F.C o el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez, entre otros. La Fiscalía también investiga las operaciones presuntamente realizadas por Koldo para ocultar su aumento patrimonio - que se incrementó en 1,5 millones de euros en dos años-, y que habría ocultado a través de su mujer, su hermano y su hija menor de edad.
Un asesor anónimo, ahora en el centro de los focos
Koldo García Izaguirre (Barakaldo, 1970) se dedicó a la seguridad privada hasta implicarse en la política navarra en 2011, cuando fue elegido concejal por el PSN en la localidad de Huete. Más tarde, García llegaría chófer, asistente personal y asesor de José Luis Ábalos, ministro del Gobierno de España entre 2018 y 2020, y llegaría a varios cargos de responsabilidad en diferentes órganos públicos: García Izaguirre fue consejero de RENFE y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021.
García es el rostro más conocido del caso que investiga la Audiencia Nacional, por su influyente posición y su rápido enriquecimiento: la Fiscalía sostiene que Koldo ofreció información reservada sobre los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, y que realizó tareas de mediación - a cambio de cuantiosas comisiones- para que esta organización constituida en 2017 lograse los contratos durante la crisis sanitaria del Covid-19.
Cabe destacar que Soluciones de Gestión obtuvo su pico de beneficios en 2020 - cuando ingresó 54 millones de euros-, y que su objeto social dista mucho de la compraventa de material sanitario, pues la corporación está dedicada oficialmente a la oferta servicios de asesoría a empresas. La Fiscalía sospecha que se trata de una "empresa instrumental" creada para captar los contratos, y que en realidad está controlada por el grupo Cueto. El titular de Soluciones de Gestión es el empresario Íñigo Rotaeche.
Una presunta alianza de empresarios para conseguir adjudicaciones
Sin embargo, la justicia investiga también a otros artífices de la supuesta trama, como Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol: los investigadores señalan la "estrecha relación" entre Koldo y de Aldama, que habría contactado con el exasesor para "agilizar trámites" durante un proceso de contrataciones con el Ministerio de Transportes.
Víctor de Aldama se habría aliado con el empresario Juan Carlos Cueto para constituir un dispositivo para obtener contratas con la ayuda de García: EFE señala que esta presunta colaboración habría reportado a los empresarios unos beneficios de 9,6 millones (en el caso de Cueto) y de 5,5 millones, para Aldama.
Juan Carlos Cueto, dirigente del grupo empresarial homónimo, se encuentra en el foco de las investigaciones de la Fiscalía, que sopesa la posibilidad de que su empresa controlase la agraciada Soluciones de Gestión. Gracias a las plusvalías obtenidas a través de la supuesta empresa instrumental, Cueto podría haber costeado una serie de compras de fincas rústicas en Barco de Valdeorras, Ourense. El subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez, que figura como empleado de una empresa del grupo Cueto, habría colaborado en esta contraventa.
La Audiencia tiene "indicios" de "su conocimiento y posible participación" en la trama, y para el juez Moreno es "una pieza clave en la gestión de los contratos investigados". El empresario Israel Ortiz, por otro lado, no ha sido querellado, si bien los autos del juez identifican a Ortiz como un posible "primer eslabón" en la presunta trama de cobro de comisiones.
Su hermano y su mujer podrían estar implicados
La Audiencia Nacional también ha investigado a dos familiares de García, que habrían ayudado a Koldo a ocultar los desorbitados beneficios presuntamente obtenidos a través de las comisiones, materializados en la compra de 5 propiedades repartidas entre Benidorm y la localidad de Polop.
El hermano de Koldo, Joseba García, habría participado en la ocultación de inmuebles, y gracias a ello habría visto incrementado su patrimonio en 267.744 euros entre 2020 y 2022. La esposa de García, Patricia Ruiz, ha sido detenida y puesta en libertad el pasado martes, tras generar sospechas por figurar como titular de la mayoría de propiedades adquiridas por su marido.
Entre marzo y abril de 2020, Soluciones de Gestión firmó tres contratos millonarios con la administración pública para suministrar mascarillas en el peor momento de la pandemia: la Audiencia Nacional investiga un contrato de 20 millones adjudicado por Puertos del Estado, otro de 12,5 millones que corresponde a ADIF y un último asociado a la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, de 3.4 millones de euros. También se mencionan otros contratos millonarios adjudicados por los servicios de salud balear y canario, y por la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, del que no se conoce el precio final.
El Partido Popular de Madrid presentó una querella a la Fiscalía Anticorrupción en 2022, en la que solicitaba la investigación de 13 contratos de adjudicación de mascarillas: dos años después, el 'caso Koldo' está generando una gran polémica por la cercanía del exministro Ábalos con respecto al investigado en el momento de las contrataciones.