Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar ante el juez

Begoña Gómez ha decidido no declarar en su comparecencia como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a varias adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que Gómez se ha acogido a su derecho a guardar silencio en calidad de investigada ante el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Es la segunda vez que la mujer del presidente del Gobierno acude al juzgado. En la primera, el pasado 5 de julio, el juez acordó posponer hasta este viernes su comparecencia tras alegar la defensa de Gómez que no conocía los extremos de la querella que presentó contra ella la asociación ultracatólica Hazte Oír, y que se une a la denuncia que ya formuló el autodenominado sindicato Manos Limpias, que dio pie a esta causa.

Esta misma semana el juez ha tomado declaración como testigo al empresario sobre el que pivota la causa, Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos públicos que se están investigando y que la Guardia Civil dijo en un informe reciente que se tramitaron "con normalidad".

Barrabés, profesor del máster de la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y a quien las acusaciones pidieron imputar, declaró, según estas, que se reunió varias veces con ella en La Moncloay que en dos de esas citas estuvo presente el jefe del Ejecutivo.

La segunda comparecencia de Gómez, que ha durado apenas unos minutos, ha estado rodeada de una intensa expectación mediática, como ya ocurrió la última vez, con un fuerte dispositivo policial y decenas de medios apostados en una zona habilitada frente al edificio judicial. Además, nuevamente al otro lado de la plaza, se ha congregado un grupo de unas treinta personas, pertenecientes a la asociación Hazteoír, con banderas de España y carteles "por la libertad de prensa".

En unas horas, a las 13:00, están citados como testigos el actual vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello, y a su predecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio.

El informe de la UCM

Las comparecencia llega además después de que se haya conocido un informe remitido por la UCM al juez en el que indica que de su investigación interna no puede concluir si ha existido o no perjuicio sobre su patrimonio por los contratos y pagos derivados del software desarrollado en el marco de la cátedra que dirigía la esposa del presidente de Gobierno.

No obstante, la UCM sostiene que se ha dado una falta de colaboración de "determinados intervinientes" y le indica al instructor que si él encontrara perjuicio contra la UCM se lo haga saber.

Previamente a ese informe, otro de los hitos relevantes del caso ha sido la interposición de un nuevo recurso del fiscal en el que solicita que se "delimite" la investigación al considerar que el instructor está dirigiendo una "causa general".

En ese recurso, el fiscal mencionaba un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que los inspectores concluyen que varios contratos adjudicados a Barrabés que están bajo sospecha en la causa "se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".

En un auto previo a que trascendiera ese informe, el juez respondía a un recurso de la defensa de Begoña Gómez en el que se pedía que le detallara por qué hechos se la investigaba más allá de las tres adjudicaciones públicas de Red.es a una UTE en la que participaba una sociedad de Barrabés y que está en manos de la Fiscalía Europea.

Peinado respondía a esas dudas señalando que investiga "todos los actos, conductas y comportamientos" llevados a cabo por Begoña Gómez "desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial" presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.

El juez no daba mayor detalle de esos contratos a los que aludía en su auto, pero sumaba además que también se debían tener en cuenta los hechos incluidos en la querella que presentó con posterioridad 'Hazte Oír', aunque tampoco los detallaba.

Manos limpia señala los contratos con Barrabés

En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias, el sindicato dirigido por Miguel Bernad, se acusaba a Gómez de actuar "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno: "Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Begoña Gómez es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostenía la denuncia, que añadía que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

Por otro lado, apuntaba que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía".

A esto sumaba que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

Hazte oír apunta a los "vínculos" con Globalia

El 29 de mayo, la plataforma Hazte Oír presentaba una nueva querella contra Gómez en la que le atribuye un presunto delito de tráfico de influencias al asegurar que "las empresas que de algún modo han tenido relación o vínculo" con Gómez desde que Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno "han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000%".

Hazte Oír subraya que Gómez "ha comparecido en distintos foros y eventos empresariales, en ocasiones junto a altos cargos del Gobierno", y ha "realizado viajes oficiales en acompañamiento de su esposo, a lugares en los que ella tenía sus propios intereses laborales/profesionales/comerciales".

Pone el foco en un "contrato de adjudicación directa concedido por el Gobierno de Sánchez a Inmark Europa, de la que es accionista Begoña Gómez". Destaca también la "relación" de la investigada con el Grupo Globalia y los rescates del Ejecutivo a diversas empresas del Grupo. Y añade "las reuniones" en las que "se presenta como esposa del presidente".

Vox se fija en el software patentado cuando estaba en la UCM

Vox, por su parte, presentó una querella contra Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la UCM que codirigía.

La formación sostiene que Gómez "prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (...) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada".