Atención al cliente en catalán: ¿Afectará la reforma legal a las grandes empresas en toda España?

El Gobierno sabe desde el inicio de la legislatura que para Junts uno de sus pilares es poner en valor el catalán. En el acuerdo que hizo a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, el PSOE prometió a la formación de Puigdemont la oficialidad del catalán en la Unión Europea, algo que estrictamente no depende del Gobierno, aunque sí el pelearlo en Bruselas. Ahora el Ejecutivo ha cedido en otro aspecto.

Un acuerdo anunciado por Junts para blindar el uso del catalán en los servicios de atención al cliente de las grandes empresas. Se dieron ciertos detalles de la reforma, pero queda una pregunta en el aire: ¿la obligación se aplicará en toda España o únicamente en las comunidades con lenguas cooficiales?

Diferentes posturas

El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aseguró que la intención del Gobierno es que las compañías garanticen el derecho de los consumidores a ser atendidos en catalán, gallego o euskera “allí donde estas lenguas tienen reconocida la oficialidad”, incluso aunque la empresa ofrezca sus servicios en el conjunto del Estado. Bustinduy subrayó que la norma en negociación afectará únicamente a grandes compañías y no a pequeños comercios.

Sin embargo, Junts mantiene una posición más ambiciosa. La portavoz del partido, Miriam Nogueras, defendió que el acuerdo con el Ejecutivo permitirá que “los catalanes tengamos los mismos derechos lingüísticos que un castellano, un francés o un inglés y, por tanto, sí, será en toda España”. Para la diputada independentista, esta medida busca “normalizar la riqueza de las lenguas” y responde a una reivindicación histórica: “Dentro de un tiempo se habrá normalizado que si una persona se dirige a una empresa en catalán, esta pueda responderle en su idioma materno”.

Se sabe el tamaño de las empresas, pero no la localización

La reforma se tramitará mediante enmienda al proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que se encuentra actualmente en el Congreso con más de 230 propuestas registradas. La iniciativa afectará a empresas de más de 250 trabajadores, aquellas que facturen más de 50 millones de euros o que operen en sectores considerados de interés general, como energía, telecomunicaciones, transporte, banca o servicios postales.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, defendió que es “muy razonable” que las compañías con capacidad suficiente ofrezcan la atención en las lenguas cooficiales, pero también evitó confirmar si el acuerdo pactado con Junts se extenderá al conjunto del país. “Lo veremos cuando discutamos y debatamos las enmiendas”, señaló.

Por su parte, ERC también reivindicó su participación en la iniciativa. Gabriel Rufián recordó que la enmienda cuenta con la firma de su grupo, de EH Bildu y del BNG, y defendió que la medida afecta a todas las lenguas cooficiales. Incluso ironizó al señalar que sería “muy fácil” garantizar la atención en todos los idiomas “con Google Translate”.

De momento, el alcance de la obligación sigue en el aire y se avecina un nuevo pulso entre el Gobierno y Junts para determinar si esta medida en torno a las lenguas cooficiales se limitará a los territorios bilingües o se aplicará a todo el territorio nacional.