Asociaciones de jueces tachan de poco útil el plan de Sánchez: "De poco sirve si luego van a indultar o amnistiar"
Varias asociaciones de jueces desconfían del plan y consideran que es redundante al repetir medidas ya vigentes. Estas son las 15 medidas contra la corrupción que ha presentado Pedro Sánchez en el Congreso
El plan anticorrupción presentado por el Gobierno no convence a las principales asociaciones judiciales, que lo consideran insuficiente y más próximo al "maquillaje" que a una verdadera reforma. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han coincidido en que la propuesta carece de voluntad política real y de recursos adecuados para su implementación. Incluso Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la más cercana a la izquierda, ha subrayado la necesidad de mayores medios para que resulte eficaz.
La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, ha calificado el plan como “maquillaje”, al tiempo que ha recordado que “de poco sirve incrementar las penas del Código Penal si luego van a indultar o amnistiar a los condenados”, en clara alusión a los cambios legales impulsados por el Ejecutivo en beneficio de los condenados por el ‘procés’. Del Barco también ha insistido en la necesidad de dotar de recursos tanto a los jueces como a las fuerzas de seguridad, y ha exigido “respeto” a su labor frente a los intentos de deslegitimación.
Medidas redundantes
Desde la AJFV, su portavoz Sergio Oliva ha advertido de que muchas de las medidas anunciadas son “redundantes o ya están vigentes”, y que sin una dotación presupuestaria clara, el plan carecerá de eficacia. Asimismo, ha cuestionado la utilidad de crear una nueva Agencia de Integridad Pública cuando ya existen órganos competentes como la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas o los propios jueces.
En la misma línea, Fernando Portillo (FJI) ha considerado que la propuesta es “poco creíble” viniendo de un Gobierno “acosado por causas de corrupción” y que ha rebajado las penas por malversación. A su juicio, la solución pasa por “reforzar la independencia del Poder Judicial y dotar de medios suficientes a quienes ya investigan”.
Por su parte, Edmundo Rodríguez (JJpD) ha valorado positivamente algunas propuestas, como el uso de inteligencia artificial o el enfoque sobre las empresas corruptoras, pero ha recalcado que la eficacia real del plan dependerá de su concreción, debate público y respaldo presupuestario. También ha propuesto sanciones más disuasorias y una mayor regulación del nombramiento de asesores.