Una de las cuestiones por resolver en la declaración de Koldo era de dónde provenía el "incremento sustancial" de su patrimonio, que remarca la Fiscalía Anticorrupción en su informe. Para ello, el exaseror del ministro Ábalos empleó distintas justificaciones que pueden convencer o no, pero variopintas son.
Koldo García justificó ambos hechos ante el juez Leopoldo Puente una mezcla de explicaciones que dejaron numerosas dudas. Durante su declaración, García alegó una "importante capacidad de ahorro" derivada de ingresos anuales superiores a 125.000 euros entre 2019 y 2022, además de mencionar aportaciones familiares, indemnizaciones, pensiones y prácticas que definió como "costumbres familiares".
Otro de los asuntos relevantes es el piso a nombre de su hija de tres años en Benidorm. Un inmueble de 115.000 del que García aseguró que los 11.500 euros iniciales que se entregaron en efectivo en el momento de la compra a los vendedores procedieron de su cuenta corriente, aunque el informe de la UCO lo desmiente. También señaló aportaciones de su hermano Joseba y otras personas del entorno familiar, aunque no pudo justificar por qué dividió los ingresos en distintas cuentas. "Los restantes 103.500 euros, mediante cuatro cheques bancarios de 25.975 euros emitidos desde la cuenta de titularidad de la hija de mis patrocinados", justificaba.
En cuanto al origen de su dinero en efectivo, García afirmó que el máximo que llegó a acumular en casa fue en 2018, con 37.000 euros, explicando que se debía a una tradición familiar y señalando posteriormente a su salida ante los periodistas que es una costumbre de los españoles. Asimismo, tenía 2 millones en una sociedad de su mujer, que argumentó que provenían de su suegro.
El juez cuestionó las fuentes de ingresos no justificadas, como depósitos de 70.000, 90.000 y 88.000 euros entre 2020 y 2022. "Ahí lo podrán ver porque ahora mismo de cabeza no lo encajo", dijo remitiendo al juez al informe patrimonial que había presentado su defensa. Otros ingresos de los que habló Koldo se basan en una pensión de invalidez de 80.000 euros anuales por problemas en los pies, y una indemnización de 74.000 euros por un accidente de tráfico. El investigado también mencionó ahorros de 70.000 euros de cuando trabajaba como escolta.
Finalmente, García negó haber recibido mordidas relacionadas con contratos públicos ni un chivatazo de la investigación, aunque admitió sospechas de ser vigilado, atribuyéndolo a su experiencia en seguridad. La falta de respuestas claras y las contradicciones con los informes de la UCO incrementan las sospechas sobre el origen del incremento patrimonial y el efectivo encontrado.