El expresidente de la Generalitat, Artur Mas | EFE
En un comunicado de su oficina de expresidente, Mas ha criticado que la decisión conocida este lunes "se encuentra muy lejos de la imparcialidad y pretende ser un escarmiento" para los que organizaron el 9N y un aviso para navegantes, ha añadido.
"Es una aberración jurídica que vulnera la propia jurisprudencia del Tribunal de Cuentas", ha valorado el expresidente catalán, que ha asegurado que los gastos de la consulta fueron legales, que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) descartó malversación y que la Generalitat no ha expresado sentirse perjudicada económicamente.
El Tribunal de Cuentas ha declarado responsables de los gastos de fondos públicos que generó la consulta a Mas, al exconseller de Presidencia Francesc Homs, a la exvicepresidenta Joana Ortega, y a al exconsellera de Enseñanza Irene Rigau.
También al exsubdirector de Servicios de Governación Luis Beltrán; a la exdirectora de Servicios de Gobernación Josefina Valls; al exdirector de Difusión de la Generalitat Jordi Vilajoana; al exdirector del Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) Jaume Domingo, y al responsable actual de Medios, Ignasi Genovès.