Anticorrupción investiga contratos de Defensa por más de 6.000 millones que habrían beneficiado a Indra y Escribano
La Fiscalía abrió diligencias en enero para esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación de programas militares y en la concesión de préstamos públicos a interés cero.
La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en contratos del Ministerio de Defensa por más de 6.000 millones de euros que habrían beneficiado a Indra y a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de los hermanos Ángel y Javier Escribano. Las pesquisas, abiertas en enero, analizan la adjudicación de programas militares y el reparto de fondos públicos destinados a modernizar la industria de defensa.
Según publica El Independiente, la investigación parte de una denuncia presentada en diciembre que alertaba de un posible patrón de adjudicaciones favorables a ambas compañías desde 2020. El escrito apunta a posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.
Uno de los datos centrales de la denuncia es que alrededor de 6.077 millones de euros del conjunto de los programas analizados habrían terminado en Indra o en uniones temporales de empresas (UTE) en las que participa junto a Escribano.
Contratos millonarios y préstamos a interés cero
Entre las adjudicaciones cuestionadas figura el programa de vehículos de combate 8x8, valorado en unos 2.100 millones de euros y adjudicado en 2020 a TESS Defence, un consorcio integrado por Indra, EM&E, Santa Bárbara y SAPA.
También aparece el sistema lanzacohetes SILAM, adjudicado en 2023 por 576 millones a una UTE formada por Escribano y Rheinmetall Expal, aunque el contrato terminó siendo anulado en septiembre de 2025.
La denuncia cuestiona igualmente las condiciones de los préstamos públicos concedidos para financiar los programas militares. En octubre de 2025, el Gobierno activó 6.890 millones de euros en créditos destinados a 18 proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas.
Según el desglose recogido en el escrito, 6.515 millones de esa cantidad, el 94,5%, habrían recaído en Indra, sus filiales o consorcios en los que participa. Los préstamos contemplaban un interés del 0% y, con carácter general, no exigían avales ni garantías patrimoniales.
La Intervención General analiza las adjudicaciones
Anticorrupción encargó a la Intervención General del Estado un informe para examinar la regularidad de los expedientes. El primer documento fue entregado en abril y la Fiscalía solicitó posteriormente un análisis más exhaustivo.
Las diligencias también llegaron al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que investiga una operación de venta de respiradores durante la pandemia relacionada con los hermanos Escribano. Sin embargo, el magistrado descartó incorporar las denuncias sobre los contratos de Defensa a esa causa al considerar que no guardaban relación con los hechos investigados.
Por el momento, la Fiscalía continúa analizando la documentación para determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de los contratos y en la concesión de los fondos públicos.