El PSOE apuesta por una España "plurinacional y federal" y por evitar un 155 permanente

El programa electoral del PSOE para las generales del próximo 28 de abril, que el partido ha distribuido este lunes de forma íntegra, se remite a las declaraciones de Granada y Barcelona que hicieron los socialistas en los años 2013 y 2017 respectivamente. En ellas se apuesta por una reforma constitucional que haga de España un Estado federal. Y en la última de éstas el planteamiento es avanzar hasta reconocer plenamente el carácter plurinacional de España.

Además, los socialistas proponen reconocer la singularidad de las comunidades autónomas con una definición precisa de su "identidad, cultura y lengua" en los Estatutos de autonomía y apuestan por modificar la Constitución para que las autonomías se queden con todas las competencias que no sean estrictamente del Estado.

Los socialistas recuerdan que desde el año 2003, en Santillana del Mar, el PSOE se comprometió a realizar las reformas necesarias para un "nuevo impulso del autogobierno", que luego, recuerda, fueron concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y en la Declaración de Barcelona de 2017.

En este sentido, lamenta que no se hayan aplicado estas propuestas y afirma que si se hubieran ejecutado "no nos encontraríamos en la situación actual". Por ello, las sigue defendiendo y considera que el modelo territorial que propone es el "único camino viable para superar la actual crisis".

Y en referencia a Catalunya, recalca la postura que ha venido defendiendo tanto el partido como el Gobierno con su rechazo tanto a la autodeterminación como a la aplicación de manera permanente del artículo 155 de la Constitución.

En su propuesta de modelo territorial, el PSOE apuesta por que los Estatutos de autonomía de los distintos territorios reconozcan las "singularidades" de los mismos. Para ello, propone que se incluya en estos una "definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos".

También, según los socialistas, los distintos estatutos deberían incluir la organización institucional y territorial adaptada a las "peculiaridades" de cada comunidad, con la salvedad de que esta organización "no afecte al funcionamiento de otros territorios".

El partido de Pedro Sánchez considera necesario además clarificar el reparto competencial en la Constitución por entender que el actual modelo derivado de la Constitución con referencias genéricas y remisión a los estatutos ha creado "excesiva conflictividad" e "intervención del Tribunal Constitucional" debido a las duplicidades en algunos casos o ausencia de ente competente en otros.

Por este motivo, plantean delimitar mejor las competencias del Estado y de las comunidades autónomas y recoger en la Constitución las "facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales" y de la manera "más precisa posible". En este sentido, apuestan por "establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución" sea de "competencia autonómica".

En relación con este asunto, la Constitución prevé en su artículo 149, el relativo a las materias en las que tiene competencia exclusiva, lo siguiente en el apartado 29.3: "las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos".

Y añade: "La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencias de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas".

El programa socialista también plantea otra serie de modificaciones legislativas e incluso de la Constitución, para incluir los procedimientos de colaboración entre Estado y Comunidades Autónomas, como establecer de manera "periódica y obligada" las reuniones de la Conferencia de Presidentes; que las conferencias sectoriales tengan una función más técnica; que estén "bien regulados" los convenios de colaboración de las autonomías con el Gobierno o que el Senado sea un lugar de encuentro tanto de las comunidades con el Ejecutivo, como de éstas entre sí.

También proponen que las autonomías participen en las actuaciones y decisiones del Gobierno de España, como en el ejercicio de las competencias del Estado; la designación de los integrantes de instituciones del Estado, de organismos económicos y reguladores; así como la participación en asuntos europeos o la realización de planes estratégicos nacionales.

En cuanto a la financiación autonómica, el PSOE propone la "previsión constitucional de los principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con la participación de los territorios".

Para solventar la "anomalía", según creen los socialistas, de que la Constitución no contenga ninguna regla mínimamente precisa que permita predecir cómo deben financiarse las comunidades autónomas, proponen incluir en la Carta Magna "las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos".

Defienden también establecer en la Constitución "para darle la mayor transparencia, la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial. A ello añaden la necesidad de configurar de manera distinta el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de garantizar la participación de los territorios.

Para los municipios, los socialistas quieren que la Constitución reconozca a estos como "unidad territorial básica", así como sus competencias propias y plantean distinguir un "régimen jurídico diferente para los municipios urbanos y los rurales" ya que las necesidades que tienen y sus objetivos son distintos.

Y con el fin de mejorar la financiación de todos ellos, plantean tributos propios mínimos, sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica, así como facilitar la libre disposición de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado.