Madrid |
Ni un día sin su anuncio. Yolanda Díaz ha aprovechado hoy su presencia en la clausura de las jornadas de UGT 'El futuro del empleo, el empleo con futuro' para avanzar que, con carácter inmediato, se va a emprender una modificación legislativa para evitar el despido automático de quienes sufren una invalidez permanente de forma sobrevenida. Esta es una reivindicación histórica del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha explicado que este cambio en la norma se hará "con carácter inmediato y en el marco del diálogo social". Diaz sí ha matizado que esto se hará al margen de la reformulación del despido que el Ministerio también quiere abordar desde un punto de vista más amplio, entre otras cosas, para adaptar la norma a lo que dictamine la justicia europea sobre las indemnizaciones por despido.
La vicepresidenta segunda ha señalado que en ocasiones hay situaciones que con el reconocimiento de una invalidez permanente se produce "automáticamente la extinción de la relación laboral, es decir, el despido". A su juicio, esto contribuye a "ejecutar la reforma del artículo 49 en la vida de las personas de nuestro país".
Díaz ha aclarado que esta modificación legal será "con carácter inmediato" y no se incluirá en una reforma general de la regulación del despido que el Ministerio va a negociar de forma más pausada con los sindicatos y la patronal. "Va a ser una separata dentro de la reforma del despido", ha dicho la vicepresidenta segunda.
La idea es evitar el despido de forma automática y que los empleadores puedan dar una alternativa a la persona afectada, por ejemplo, guardando su puesto mientras se recuperan, o buscando otras tareas que puedan desempeñar independientemente de su discapacidad.
Este mismo viernes, el Cermi ha instado al Gobierno español a modificar la legislación nacional para adaptarla plenamente al Derecho europeo que protege a los trabajadores a los que les sobreviene una discapacidad a fin de que no se extinga su relación laboral por este motivo, sin que el empresario haya realizado antes los ajustes razonables pertinentes.
Hace apenas un par de días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)a dictó una sentencia con fecha 18 de enero en la que responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, sobre si el estatuto de los trabajadores se acomoda al derecho comunitario al permitir la extinción de la relación laboral si al trabajador le sobreviene una situación de incapacidad laboral permanente.
En su escrito el TJUE afirmó que una empresa no puede despedir a una discapacidad permanente sin hacer previamente "ajustes razonables" para permitirle conservar su empleo. En esta línea irá la modificación legislativa que prepara el ministerio de Trabajo y Economía Social.