Todos los partidos menos el PP y Ciudadanos apoyan una renta mínima por "justicia social"

El pleno del Congreso ha debatido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de los sindicatos UGT y CCOO, convertida en proposición de Ley tras ser respaldada por más de 700.00 firmas, con lo que, a falta de la votación, será tramitada en comisión para convertirse en Ley.

Al debate en el pleno han asistido los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de CCOO,Ignacio Fernández Toxo, mientras que el Gobierno se ha ausentado.

El portavoz de Empleo del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, ha defendido la iniciativa que persigue una renta de unos 426 euros mensuales durante el tiempo en que una persona sin recursos no tenga empleo y esté vinculada a la formación o búsqueda de trabajo.

"Es por justicia social, por eficacia en términos económicos porque supondrá una inyección directa al consumo, y por estabilidad democrática, para luchar contra la desigualdad", ha aseverado Simancas.

Ha destacado que es una obligación política y moral de un Estado luchar contra la pobreza y "no dejar en la cuneta" a miles de ciudadanos que no tienen recursos y ha avanzado que el PSOE instará a aumentar las prestaciones por hijo a cargo, complemento de esta renta mínima, durante la tramitación parlamentaria.

Simancas ha criticado que el PP y Ciudadanos argumenten su elevado coste (12.000 millones de euros anuales según los sindicatos) cuando el rescate a la banca ha representado 40.000 millones de euros.

La diputada del PP, Susana López, ha dicho que votan en contra de forma responsable ya que "no existe margen de maniobra" para financiarla y ha señalado que según algunos expertos los potenciales beneficiarios podrían llegar hasta los 8 millones de personas y suponer un coste hasta 50.000 millones de euros.

"El texto no deja claro los requisitos y además podría producir un efecto llamada de los ciudadanos de estados miembros donde no existe esta prestación", ha indicado, tras aseverar que para costearla habría que reducir partidas presupuestarias o aumentar impuestos.

Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el diputado Segundo González ha agradecido a los sindicatos traer una Ley al Congreso para "rescatar a personas y no para rescatar a bancos" y ha acusado al PP de romper España.

González ha pedido ampliar la renta mínima de 426 euros ya que con esta cuantía no se permite salir del umbral de la pobreza y ha considerado que debe subir al entorno de los 660 euros, que es la recomendación de la UE y "no es pedir la luna".

Por su parte, el portavoz de Economía del grupo parlamentario de Ciudadanos, Toni Roldán, ha calificado la renta mínima de antiliberal y antiprogresista y ha dicho que votan en contra porque "no se puede pagar ni financiar".

"Es una mala noticia que el PSOE opte por podemizarse y hacer políticas de humo y asumir compromisos que no se pueden cumplir", ha dicho.

El diputado del PNV, Íñigo Barandiaran, ha apoyado la tramitación de esta ley porque es un elemento esencial para ayudar a la desaparición de las desigualdades sociales y ha señalado que se trata de una renta igual a la que ya existe en el País Vasco (renta de garantía de ingresos) con lo que podría solaparse e incluso invadir competencias.

Jordi Salvador, de ERCha destacado que centenares de miles de personas "que no tienen prácticamente nada" dependen de esta ley y ha lamentado que indicadores necesarios para otorgar ayudas, como el IPREM siga congelado durante más de siete años, lo que provoca más pobreza y menos protección social.

El portavoz de Empleo del PDeCAT, Carles Campuzano, ha urgido a cambiar el sistema de cobertura de las prestaciones al desempleo porque no ha funcionado y ha indicado que durante su tramitación habrá que debatir para que no se produzca ninguna invasión de competencias.

También el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que en una verdadera democracia "nadie puede quedar atrás" y ha instado a que el Gobierno rescate a las personas.

El diputado de UPN, Jesús Alli, ha afirmado que la prestación debe estar vinculada a que el receptor trabaje en la comunidad autónoma donde la recibe, mientras que la diputada de CC Ana Oramas ha dicho que la financiación que debe ser de las CCAA.