Uno de los principales objetivos del Gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos para esta legislatura era elaborar la primera ley de vivienda de España. Sin embargo, también ha sido uno de sus múltiples puntos de desencuentro y, tras varios meses de reuniones y negociaciones, finalmente consiguieron ponerse de acuerdo, junto a sus socios de investidura Bildu y ERC.
El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados el 27 de abril, con 176 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País y Compromís), 167 en contra (PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, Coalición Canaria y PNV) y 1 abstención (BNG) y continúa este miércoles con su tramitación parlamentaria en el Senado.
El PNV, también socio de investidura de Sánchez, votó en contra porque considera que invade competencias exclusivas de las comunidades y ha amenazado al Gobierno con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si se aprueba.
Los socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos, sostienen que esta ley, junto con otras iniciativas que han adoptado, impulsan un cambio de modelo en España para considerar la vivienda como un derecho y no solo como un bien de mercado.
La ley de vivienda faculta a las comunidades autónomas a declarar zonas de mercado residencial tensionado y a limitar en ellas los precios del alquiler, lo que ha centrado durante los últimos tres años la discusión política en torno a ella y el rechazo del sector inmobiliario.
La intención del Gobierno es que la ley de vivienda esté aprobada antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, por ello se tramita de forma exprés en el Senado.
Finalmente la ley entrará en vigor al día siguiente de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).