El Consejo General de Economistas de España se ha referido a la nueva ley de vivienda en un coloquio sobre este asunto. Expertos reunidos por este Consejo han advertido que la nueva ley de vivienda, aprobada por el Gobierno, puede bloquear el acceso a la vivienda en alquiler a los sectores con menos niveles de renta.
Los expertos que han participado en dicho coloquio han coincidido en que el control de precios provocará una reducción de la oferta, multiplicará los "castings" inmobiliarios y expulsará del mercado del alquiler a las familias con menos recursos económicos.
Asimismo, los economistas consideran que la definición de gran tenedor desalentará a los propietarios con un cierto número de viviendas, y que el reducido tamaño del parque de alquiler en España y su dispersión espacial y tipológica limitan la fiabilidad de los índices de referencia para la fijación de precios.
Por otra parte, han adveritdo del aumento de la inseguridad jurídica como consecuencia del incremento de medidas de protección frente a los desahucios. Aunque, valoran de manera positivo varios de los mecanismos introducidos por la ley, como la nueva tipología de vivienda asequible incentivada o los cambios en los beneficios fiscales a los propietarios.
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, ha lamentado que esta ley "no ha sido suficientemente debatida en su proceso de tramitación". "Un marco de política de vivienda estable en el tiempo, similar a las de los principales países de la UE, solo es posible mediante un pacto de Estado entre los principales partidos políticos", ha señalado el presidente de los economistas.
El Consejo General de Economistas de nuestro país, recopilando las sugerencias de los expertos, ha expuesto una serie de propuestas con medidas concretas que podrían ayudar a mejora la ley de vivienda. Entre ellas, destacan abandonar cualquier medida que suponga la introducción de controles sobre los niveles de precios de alquiler o proteger de forma efectiva los derechos de los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler.
Por otro lado, han sugerido aportar suelo público para la construcción de viviendas destinadas al alquiler a precios accesibles; proporcionar incentivos a la iniciativa privada para la promoción de vivienda asequible; establecer un sistema de subsidio para alquileres para las familias con menores rentas; y simplificar y reducir los plazos de gestión administrativa, así como rebajar significativamente los impuestos que gravan a la vivienda.