Bruselas dio el visto bueno a la propuesta de reforma de pensiones del Gobierno, aunque en el territorio nacional el Ejecutivo no ha encontrado la misma facilidad a la hora de trasladar dichos planes. La reunión de este viernes con los agentes sociales ha acabado con posturas acercadas con los sindicatos, pero con el rechazo "frontal" de la CEOE a la propuesta.
Así, mientras las organizaciones sindicales han realizado una valoración positiva, la patronal, junto con Cepyme y ATA han expresado su "frontal oposición" a la reforma y acusan al Gobierno de tener una "voracidad recaudatoria" y de presentar una propuesta "populista" que "socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales" con los sindicatos.
Las tres organizaciones han emitido un comunicado conjunto en el que van más allá y afirman que el acuerdo consiste en una "cesión de soberanía sin precedentes" ante Europa.
La propuesta de Escrivá tiene como pilar el periodo de cómputo de las pensiones: la 'solución' del Ejecutivo es que el pensionista podrá elegir entre un cómputo de 25 o de 27 años. La Seguridad Social aplicaría de manera automática el sistema que más beneficioso resulte, aunque en la práctica el jubilado podrá optar por calcular su pensión conforme a los 25 años actuales o no.
Así, esta variación del cómputo favorece más a las personas que hayan tenido carreras laborales irregulares y a las mujeres, que en muchos casos y normalmente por obligación, tienen que acogerse a excedencias y pausas a lo largo de su trayectoria de empleo.
Los sindicatos han destacado que la propuesta hace mucho por reducir la brecha de género e incluir la totalidad de las personas trabajadoras, sabiendo que beneficiará principalmente a las mujeres en dos de cada tres años, aunque sin excluir a los hombres con carreras precarias.
Además, la propuesta de reforma busca garantizar el establecimiento de una garantía de suficiencia de las cuantías de las pensiones mínimas y pensiones no contributivas, que mayoritariamente perciben mujeres, para que sus cuantías nunca queden por debajo del umbral de riesgo de pobreza.
UGT y CCOO valoran también el hecho de que el incremento de la pensión máxima se realice conservando la lógica del respeto al principio de contributividad, garantizando la absorción comprometida en la primera fase de la reforma de los nuevos coeficientes reductores establecidos progresivamente en las jubilaciones anticipadas voluntarias, y todo ello al tiempo que se mantiene el componente solidario que supone el mantenimiento de una pensión máxima inferior a la base máxima de cotización, con lo que se mantiene y refuerza la aportación solidaria de una parte de las cotizaciones de quienes perciben salarios más altos.
Por su parte, señalan el cambio de orientación que supone, en materia de periodo de cálculo, incluir la posibilidad de elegir los mejores años cotizados de un periodo dado. Esta fórmula de elección permite mejorar, según los sindicatos, la expectativa de pensión de los colectivos de personas trabajadoras con carreras de cotización más inestables.
Para las organizaciones sindicales, resulta también especialmente relevante el hecho de que durante un periodo transitorio de casi dos décadas, se mantendrá un sistema de reconocimiento de pensión más favorable para las nuevas personas jubiladas entre la fórmula actualmente en vigor (últimos 25 años cotizados) o el nuevo sistema (elección de los mejores 27 años de entre los últimos 29 años cotizados).