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Madrid |
La Seguridad Social y el SEPE viven días, semanas e incluso meses muy complicados. Sus oficinas se encuentran desbordadas y existe un colapso que retrasa gestiones tan básicas para los ciudadanos como la solicitud de la pensión por jubilación y la prestación por desempleo.
Se trata de dos gestiones tan críticas como prioritarias para las administraciones, que no pueden hacer frente a la demanda solicitada. Así lo denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que advierte de que la situación es "inaceptable" y las oficinas se encuentran al borde del colapso.
El motivo principal para este colapso es la cita previa. "La obligatoriedad de la cita previa para ser atendido presencialmente en la administración pública sigue generando importantes barreras para miles de ciudadanos, especialmente personas mayores y colectivos vulnerables", afirma la OCU en su comunicado, en el que ve la medida "excepcional" que se puso en marcha durante la pandemia como un "filtro" que se ha consolidado para "impedir el acceso igualitario a servicios esenciales".
Así, lo ven como un "obstáculo grave" para realizar trámites esenciales, ya que existen "demoras generalizadas". Para señalar el problema, la OCU ha realizado un estudio de disponibilidad real en oficinas de 26 provincias, con un resultado que confirma la problemática: en más de la mitad de los intentos, no se consiguió cita en la misma ciudad.
En lugares como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza fue imposible obtener cita en seis intentos para solicitar la pensión por jubilación en oficinas de la Seguridad Social. Por otro lado, en Bilbao, Murcia y Málaga, donde existen "tasa moderadamente aceptables de disponibilidad", los plazos siguen siendo excesivos: la media de espera es de 28 días en Bilbao, de 20 en Murcia y de más de 23 en Málaga.
Con respecto a la prestación por desempleo, un trámite necesario para la ciudadanía al quedarse sin trabajo, el escenario mejora, aunque no lo suficiente para una gestión de urgencia: en Barcelona y Tarragona no pudieron obtener cita, mientras que en otras ciudades como Albacete, Bilbao u Oviedo la espera ascendía entre 28 y 32 días. La gravedad de esta espera es mayor, puesto que puede producir la pérdida de parte de la prestación por desempleo, lo que obliga a la persona afectada a recurrir al trámite online, con la barrera que se puede considerar para posibles colectivos más vulnerables.
Ante este panorama, la OCU exige el fin de la cita previa obligatoria para ser atendido de manera presencial, al menos para las visitas de carácter urgente. Esto abriría un escenario en el que una persona debe ser atendida para un trámite tan crítico como los mencionados anteriormente y además la OCU propone crear un "carril prioritario" para estas gestiones.
Para ello, solicita que colectivos vulnerables, como las personas mayores sin certificado digital o ciudadanos con plazos críticos puedan ser atendidos de manera rápida, además de recibir un "acompañamiento digital garantizado" si deciden obtener un certificado digital, así como más campañas informativas para controlar el ámbito digital.
Por último, la OCU pide un estándar de servicio público con plazos máximos: cinco días como mucho para resolver trámites urgentes y máximo de diez días para el resto de gestiones.