La central nuclear de Almaraz cerrará sus puertas de manera definitiva en 2028. Así lo fija el calendario previsto por el Gobierno central, concretamente por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. La clausura del reactor 1 se producirá en 2027, mientras que la del reactor 2 será en 2028.
Al comenzar un nuevo año que acerca el cierre de la planta de Almaraz, se ha convocado una manifestación en la localidad extremeña contra esta decisión, a la que asistirán María Guardiola, la presidenta de la Junta, o Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, entre otras autoridades.
El propio Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha anunciado que los populares presentarán una iniciativa para retrasar el cierre de las centrales nucleares en España, puesto que a Almaraz le siguen por ejemplo la planta de Ascó, en Tarragona, cuyo adiós está previsto para 2030 y 2032. Misma fecha que para el cierre de la planta de Cofrentes, en Valencia, mientras que en 2035 cerrarán sus puertas las centrales de Vandellós, en Tarragona, y Trillo, en Guadalajara.
Estos cierren preocupan al sector. Solo de la actividad de Almaraz dependen más de 3.000 familias, como ha afirmado María Guardiola, que ha cargado con dureza contra el "apagón nuclear" que planea el Ejecutivo y que eliminará el aporte de energía de estas plantas, el que afirma que supone el 20% de toda la energía que se consume en nuestro país.
El PNIEC ya justificó esta decisión de "apagón nuclear" al perseguir una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, presentando su propuesta a la Comisión Europea. Una propuesta que enmarca dentro del esfuerzo colectivo en Europa, con el Acuerdo de París.
Así, la oposición ha salido a criticar en mesa este calendario del Gobierno central, y la propia Guardia ha remitido cartas a presidentes autonómicos como Salvador Illa, Carlos Mazón y Emiliano García-Page, a quienes les pide que apoyen con su presencia a la manifestación de este sábado.
Guardiola considera que la decisión del Gobierno de poner fin a la actividad de las centrales nucleares que operan en territorio nacional "tendrá graves consecuencias para todos", pues afectará a la soberanía energética, "desmantelará" el modo de vida de miles de familias con la pérdida de puestos de trabajo y "asestará un golpe difinitivo al PIB de las cuatro comunidades autónomas que tienen plantas nucleares en sus territorios.