Los nuevos planes de Yolanda Díaz: que los funcionarios trabajen menos que los trabajadores del sector privado

El partido minoritario del Gobierno, Sumar, quiere que los funcionarios del Estado trabajen 35 horas. Después de que el Consejo de Ministros aprobase la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales en todas las empresas españolas -y a la espera de que la ley llegue al Parlamento- Yolanda Díaz tiene otros planes para los trabajadores públicos.

El grupo parlamentario ha registrado más de un centenar de enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública entre las que se incluye recortar la jornada de trabajo de su personal a un máximo de 35 horas semanales, en vez de las 37,5 que tiene actualmente los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE).

En su borrador de enmienda número 89, Sumar plantea modificar el texto para que la jornada general de trabajo de la AGE no supere las 35 horas semanales y sea fijada por el departamento ministerial competente en función pública, previa negociación con los sindicatos.

El grupo parlamentario sostiene que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, aprobado en 2022, "ya establece la recuperación de la jornada de 35 horas y la derogación de las limitaciones establecidas en la disposición 148 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2018". Por ello, y "porque así está comprometido", la futura Ley "debe garantizarla", recoge el texto registrado en sede parlamentaria.

Asimismo, la resolución dictada en febrero de 2019 por la Secretaría de Estado de Función Pública ya estableció la duración de la jornada general para los funcionarios de la AGE en 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.642 horas al año.

La jornada de trabajo de los empleados del Estado -de manera generalizada- aumentó en 2011 de 35 a 37,5 horas, fruto de los recortes que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy.

Jubilación parcial y teletrabajo

En otra de sus enmiendas a Ley de Función Pública, Sumar pide que la jubilación de los funcionarios también pueda ser parcial, siempre que sea voluntaria.

Sobre ese mismo artículo se pronuncia, asimismo, en lo referente a la posibilidad de que el funcionario solicite, con una antelación mínima de tres meses y máxima de cuatro meses a la fecha en la que cumpla la edad de jubilación forzosa, la prolongación de la permanencia en servicio activo.

Respecto al teletrabajo, las enmiendas buscan establecer esta modalidad como una opción para el trabajador, sin que sea "obligatoria". Del mismo modo, solicita que no se hable de este sistema como una forma de "reducción de costes", pues ello "no puede ser una motivación" para implementarlo.

Las enmiendas del PSOE

Al igual que Sumar, el PSOE ha registrado enmiendas a este Proyecto de Ley, entre ellas recuperar la jubilación parcial de los funcionarios por ser un derecho "suprimido por el Gobierno de (Mariano) Rajoy en 2012", según el comunicado remitido por el grupo socialista.

De acuerdo con sus propuestas, también se extendería hasta los 72 años -ahora es de 70 años- la jubilación forzosa para aquellos funcionarios que quieran seguir trabajando, de manera voluntaria, una vez lleguen a la edad ordinaria de retiro.