Madrid |
Las familias españolas han perdido un ahorro de 1.218 millones de euros con las condiciones que recoge que el decreto anticrisis aprobado el miércoles. Esta es la cifra que maneja el PP, una pérdida que se produce a su juicio por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no aceptar la propuesta de extender la rebaja del IVA de los alimentos a otros como son la carne, el pescado y las conservas.
Fuentes populares afirman además que la subida del IVA de la luz y del gas del 5% al 10% "provocará que desde ayer la factura de una familia media incremente su factura un 10% en el caso de la electricidad y de un 20% en el caso de la calefacción. Las propuestas del PP hubieran evitado subidas de hasta el 20% en la calefacción, un ahorro de 1.200 millones por el IVA de los alimentos y otros 1.000 millones en reducción de ministerios. Se certifica que Sánchez es un presidente sin cartera". Pedro Sánchez es, según definen, el secretario general en España del que realmente dirige este país desde Ginebra, Carles Puigdemont. Lamentan así que Sánchez haya rechazado sus medidas y haya optado por cesiones a los independentistas que aún no tienen explicación.
El equipo económico popular que dirige Juan Bravo recuerda además su propuesta de deflactar el IRPF para "evitar una subida de impuestos en la nómina de los trabajadores como consecuencia del aumento constante e imparable de los precios. Una pareja de rentas medias, con un salario de alrededor 35.000 euros cada uno, equivale a una base imponible de 30.000 euros por persona, tendría un ahorro porcentual de un 2,74% gracias a esta medida", añaden.
Insisten además en que hay margen para reducir otros 20.000 millones de gasto improductivo. "El coste derivado de una administración mastodóntica, con 22 ministerios y cientos de asesores, y miles de millones en gastos superfluos, hubiera permitido que esa cifra se utilizara para políticas activas de empleo, ayudas a los más necesitados o proyectos de inversión sostenible".
El PP asegura que el Gobierno tendría otros 2.000 millones para aprobar nuevas políticas de apoyo si la Sepi diera marcha atrás en su entrada en Telefónica. Cifra que, estiman, ascendería a 11.000 millones si hubiera una mejor ejecución de los fondos europeos y se cuadraran bien las cuentas públicas.