Así lo trasladó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, al término de la reunión del Consejo de Ministros, donde aseguró que "la parte mollar" de lo que se remitirá a Bruselas es el 'informe de acción efectiva', que resume las medidas aprobadas para reducir el déficit y cumplir el objetivo del 4,6% para este año comprometido con Bruselas, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016 y el aumento del Impuesto de Sociedades para recaudar 8.300 millones de euros más.
En este punto, la vicepresidenta confió en que el decreto ley de reforma del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor el pasado 30 de septiembre, pueda ser convalidado en el Congreso el próximo 20 de octubre, según ha acordado la Junta de Portavoces de la Cámara Baja. El documento sobre acción efectiva que se remite a Bruselas también se hace eco de la preparación de la transposición de las directivas de la Unión Europea sobre contratación pública, a la espera de la aprobación como proyecto de ley. Se trata de un texto ya muy ultimado que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para dar publicidad a determinados contratos negociados, que hasta la fecha no era exigida pero que ahora tiene que ser incluida.
Junto con el 'informe de acción efectiva', el Gobierno también remitirá a Bruselas el plan presupuestario de 2017, que supone básicamente la prórroga de los Presupuestos de 2016, pero con previsiones de ingresos y gastos para el próximo año que, según adelantó, se han realizado con "mucha prudencia".
La vicepresidenta apuntó que posteriormente debe ser el nuevo Gobierno quien adopte las medidas que considere oportunas para cuadrar el déficit público de 2017, ya que un Ejecutivo en plenitud de funciones podrá aprobar después unos nuevos Presupuestos para el próximo año.
De momento, el texto que se enviará a Bruselas contemplará un déficit público del 3,6%, medio punto por encima del objetivo comprometido con Bruselas, ya que el Gobierno no puede elaborar un plan presupuestario con cambios de política fiscal o económica, y se mantiene en el 2,3% el crecimiento previsto para el próximo año. Será el nuevo Gobierno quien tendrá que adoptar medidas adicionales por importe de unos 5.000 millones de euros (medio punto del PIB) para dejar el déficit de 2017 en el 3,1% acordado con la Comisión.
En concreto, el calendario que maneja el Gobierno es que Mariano Rajoy pueda ser investido presidente del Gobierno a finales de este mes, siempre que se confirme la abstención del PSOE, lo que le permitiría contar con un nuevo Presupuesto a finales de este año (en noviembre ya se podría aprobar el techo de gasto), donde sí se incluirían ya las medidas para cumplir con el déficit.