Los errores legislativos le cuestan al Estado 1.000 millones de euros al año
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publica un informe que cuantifica cuánto dinero pierde el Estado por tomar iniciativas legales que luego son tumbadas por los tribunales. Por poner un ejemplo, sólo en el periodo que va entre 2014 y 2023 estamos hablando de unos 1.000 millones de euros al año.
Al Estado le sale muy caro legislar sin tener en cuenta las posibles consecuencias legales, como se ha confirmado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su último informe. La Airef asegura que sólo teniendo en cuenta las sentencias firmes dictadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre 2021 y 2024, el Estado tiene que hacer frente a una deuda de casi 12.500 millones de euros.
Entre estas sentencias, destacan las que tienen que ver con el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos de las Comunidades Autónomas, la Reforma del Impuesto de Sociedades, la financiación del Bono Social Eléctrico o el IRPF de pensionistas de Mutualidades Laborales. Este es el motivo que ha llevado a este organismo a proponer al gobierno medidas para prevenir estos "riesgos fiscales".
Uso inadecuado del Real Decretos Ley
La Airef asegura que entre los errores recurrentes que provocan estas sentencias judiciales en contra del Estado destacan tres: el uso inadecuado del Real Decreto Ley, la extralimitación normativa respecto a la ley o la omisión de advertencias de la UE de incumplimientos de la normativa europea.
¿El gobierno puede ampliar el gasto en Defensa sin recurrir al Congreso?
Ante esta pregunta, fuentes de la Airef han aclarado hoy que los "elementos de flexibilidad presupuestaria" es cierto que están contemplados por la ley y se circunscriben a la posibilidad de que, por un lado, el gobierno solicite un crédito extraordinario con rango de ley o, por otro, tirar del Fondo de Contingencia que, en este caso, sí que podría ser aprobado en el Consejo de Ministros.