Madrid |
El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un nuevo paquete de medidas para intentar amortiguar el impacto de la guerra en Irán sobre la economía española, especialmente ante el encarecimiento de la energía y los combustibles.
El detonante de esta crisis ha sido el cierre del estrecho de Ormuz, ruta por la cual transita alrededor del 20% del petróleo y gas mundial. La interrupción del tráfico ha disparado los precios energéticos a nivel global, con el petróleo superando los 110 dólares el barril de Brent. En Europa, esta situación se traduce en un encarecimiento generalizado del gas, los combustibles y la electricidad.
El real decreto ley principal que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros extraordinario y que ha desgranado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa principalmente por una batería de medidas fiscales. Según ha asegurado en su comparecencia, serán 80 medidas que van a movilizar 5 mil millones de euros.
Destacan la bajada del IVA de los combustibles, la rebaja del impuesto de hidrocarburos, la supresión del impuesto de generación eléctrica y el descuento de 20 céntimos por litro para los transportistas, entre otras medidas aprobadas.
Desde la aprobación por parte del Gobierno en el Consejo de Ministros, se procede a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entra así en vigor el mismo día o al día siguiente, aunque en este caso se publicará mañana al retrasarse el Consejo de Ministros, desplegando efectos jurídicos de inmediato aunque sea provisional.
Posteriormente, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde su promulgación, el decreto debe ser sometido a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados. Durante ese periodo, el decreto mantiene plena eficacia jurídica. Es decir, se aplica como si fuera una ley.
Si se convalida en el Congreso, el decreto deja de ser provisional y se publica en el BOE, consolidándose dentro del ordenamiento jurídico, pudiendo incluso tramitarse posteriormente como proyecto de ley para introducir cambios.
Por el contrario, si el Congreso opta por derogarlo, el decreto pierde su vigencia de forma inmediata y deja de aplicarse desde ese momento. Sin embargo, por razones de seguridad jurídica, los efectos producidos durante el tiempo en que estuvo en vigor suelen mantenerse, evitando así situaciones de incertidumbre o vacío legal.