Madrid |
El Ejecutivo ha aprobado un paquete de medidas para amortiguar el impacto de la guerra en Irán sobre la economía española, especialmente ante el encarecimiento de la energía y los combustibles, además del temor a un nuevo episodio inflacionario.
El paquete de medidas se ha aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario que se ha caracterizado por un plante de Sumar, que ha conseguido incluir medidas en materia de vivienda y protección a los inquilinos, como se pudo observar en el tenso choque en los pasillos del Congreso entre Mónica García y Félix Bolaños.
Se ha separado por tanto en dos paquetes distintos, uno centrado en materia energética y otro con las propuestas de Sumar. Son varias las medidas que se incluyen dentro del plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán, pero destaca la bajada del IVA de la gasolina y el diésel.
Desde que comenzó la guerra en Irán se ha producido un incremento en el precio del crudo y, por ende, en el precio de la gasolina y el diésel, subiendo hasta un 30% en el caso de este último.
El detonante de esta crisis ha sido el cierre del estrecho de Ormuz, ruta por la cual transita alrededor del 20% del petróleo y gas mundial. La interrupción del tráfico ha disparado los precios energéticos a nivel global, con el petróleo superando los 110 dólares el barril de Brent. En Europa, esta situación se traduce en un encarecimiento generalizado del gas, los combustibles y la electricidad.
La reducción del IVA de los combustibles de un 21% a un 10% es considerada la medida principal del plan presentado por el Gobierno. Se espera que pueda reducir entre 10 y 15 céntimos por litro. Además, si se combina con otros recortes fiscales, podría reducirse en 30-40 céntimos por litro en total.
Otras medidas que complementan a esta en materia de reducción de precios de los combustibles es la rebaja del impuesto de los hidrocarburos, el descuento de 20 céntimos por litro de diésel para los transportistas con derecho a devolución del gasóleo profesional y una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para uso agrario.
También se ha incluido una ayuda extraordinaria y temporal por vehículo para los transportistas que no se benefician de la devolución.
Una vez que el Gobierno aprueba el texto en el Consejo de Ministros, el siguiente paso es su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entra así en vigor el mismo día o al día siguiente, aunque en este caso se publicará mañana al retrasarse el Consejo de Ministros, desplegando efectos jurídicos de inmediato aunque sea provisional.
Después, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde su promulgación, el decreto debe ser sometido a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados. Durante ese periodo, el decreto mantiene plena eficacia jurídica. Es decir, se aplica como si fuera una ley.
Si se convalida en el Congreso, el decreto deja de ser provisional y se publica en el BOE, consolidándose dentro del ordenamiento jurídico, pudiendo incluso tramitarse posteriormente como proyecto de ley para introducir cambios.
Por el contrario, si el Congreso opta por derogarlo, el decreto pierde su vigencia de forma inmediata y deja de aplicarse desde ese momento. Sin embargo, por razones de seguridad jurídica, los efectos producidos durante el tiempo en que estuvo en vigor suelen mantenerse, evitando así situaciones de incertidumbre o vacío legal.