La sanción se emite por prácticas prohibidas en la coordinación de precios de los carburantes, así como por pactos de no agresión e intercambios de información realizados entre las empresas. La Comisión lleva meses investigando al sector petrolífero y la repercusión de precios.
El responsable jurídico de FUCI, Álvaro Rivas, ha declarado a Onda Cero que estas prácticas van en contra de la competencia y, en última instancia, perjudican a los consumidores. Ellos son los que "llenan el depósito todas las semanas. Sube la gasolina mucho más rápido cuando sube el petróleo y baja mucho más lento cuando baja este".
De los 32 millones de euros, las compañías que deberán asumir el grueso de la sanción son Repsol y Cepsa. La primera ha sido multada con 20 millones y la segunda con 10 millones.
Esta sanción se emite en paralelo al expendiente que tramita el regulador acerca de los incumplimientos por parte de las petroleras de una resolución sancionadora de 2009 sobre la fijación indirecta de precios a empresarios independientes.