Un catedrático de Economía advierte: el cupo catalán afectará a todas las rentas y las comunidades tendrán que recortar servicios o subir impuestos

El catedrático de Economía Aplicada e investigador sénior del centro de estudios Funcas, Desiderio Romero, ha alertado que la aplicación del cupo catalán pactado entre PSC y ERC implicará importantes reformas fiscales que afectarán a todas las rentas, ya que el Estado tardará años en igualar la recaudación.

Este catedrático basa su opinión en que el volumen de recursos que aporta actualmente Cataluña a las arcas públicas es "muy elevado", entre 22.000 y 30.000 millones según distintos autores, ha explicado en declaraciones a Europa Press.

"Entonces, si ese concierto al final se aprueba y si las comunidades autónomas que quedan dentro del régimen común quieren mantener el mismo nivel de servicios, tendrán que recortar gastos o aumentarse los impuestos en esos territorios", ha advertido.

El economista ha apuntado que "no hay muchas posibilidades" para aumentar un volumen "tan grande" de impuestos, mencionando que si el Gobierno decidiera, por ejemplo, eliminar los dos tipos reducidos del IVA y subirlos al 21 por ciento, eso supondría recaudar unos 15.000 millones.

La solución no pasa por el fondo de compensación

Tampoco se alcanzaría, en su opinión, aumentando el último tramo estatal del IRPF, el que se aplica a las bases imponibles de más de 300.000 euros, ni con el anuncio del Gobierno de que duplicará la cantidad que aporta al llamado Fondo de Compensación Interterritorial.

Romero ha señalado que el Fondo de Compensación ha tenido un volumen inferior a los 450 millones de euros anuales en los últimos años, una "cantidad pequeña" que "no permite cubrir las necesidades". "La idea de usar ese fondo no es lo más operativo", ha considerado.

Aumento del IRPF a las clases medias

A su juicio, para que el Fondo de Compensación tenga fondos suficientes habría que llevar a cabo medidas fiscales mucho más ambiciosas y fija como posibilidad que el Gobierno intervenga en los tramos de ingresos de la clase media, de donde proceden la mayor parte de los ingresos fiscales. "Si aumentas el IRPF, afectaría a todo tipo de familias", ha precisado.

Ha indicado que si el Estado deja de recaudar más de 20.000 millones por la salida de Cataluña del régimen común, "no se puede subir los impuestos por ese valor a corto plazo": "Es inasumible, ni en dos ni en tres años puedes aumentar la recaudación de forma tan importante, es muy complicado".

Romero amplía estas ideas en un artículo reciente para Funcas, en el que pone el foco en el "punto muerto" en el que se encuentra la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado por el debate de fondo de la financiación de Cataluña.

En el artículo, el economista señala que, de aprobarse la financiación singular catalana, "está claro que se necesitarán reformas fiscales de alto impacto y difícil aplicación en el corto plazo".

Considera que Cataluña adquiriría un "estatus similar" al de los acuerdos vigentes en País Vasco y Navarra, lo que "creará perdedores, especialmente entre las regiones que, como Andalucía, Valencia o Murcia, llevan años luchando con problemas de infrafinanciación debido al fracaso de la reforma del régimen común, pendiente de resolver desde 2014".

Efectos adversos sobre la solidaridad interterritorial

"La aprobación de un acuerdo tendría efectos adversos sobre la solidaridad interregional entre las restantes comunidades autónomas, al dejar al Gobierno central con menos recursos para distribuir entre las comunidades autónomas", resalta.

En cualquier caso, el investigador señala que el impacto preciso en los ingresos fiscales de una eventual salida del régimen común dependerá de los términos y condiciones específicos que se acuerden, ya que "aún no se han hecho públicos", ni cómo pagará Cataluña por los servicios que el Estado presta en la comunidad ni cómo Cataluña contribuirá al denominado mecanismo de solidaridad interterritorial.

Además, llama también la atención sobre que una agencia tributaria catalana propia tendrá "efectos directos en los esfuerzos de control del fraude a nivel nacional", dependiendo del nivel de colaboración de la autoridad catalana con la Agencia Tributaria Estatal.