El Gobierno aprueba la Ley de Memoria Democrática: en qué consiste y claves de la nueva legislación

Este martes se aprueba la nueva Ley de Memoria Democrática con el novel ministro de Memoria Democrática, Felix Bolaños, al frente. Autorizada una semana después de que su ferviente promotora -quien fuera vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo- haya sido sustituida en Presidencia, se trata de un proyecto legislativo que aspira a mejorar y ampliar la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007, germinada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Una reforma que pretende subsanar todas las carencias que presentaba la legislación previa y que, por ende, ha conllevado un largo proceso antes de su remisión a las Cortes.

Recomendaciones externas al Ejecutivo

Fue hace diez meses cuando, en septiembre de 2020, el Consejo de Ministros dio el visto bueno al anteproyecto de la ley en su primera lectura. Dicho proyecto, que había sido sometido a dictámenes no vinculantes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), también se expuso a audiencia pública, un trámite de especial interés para las asociaciones memorialistas y representantes de las víctimas.

Así pues, el proyecto que hoy avala el nuevo Gabinete de Sánchez es el fruto de las modificaciones que se han sumado al anteproyecto. Entre ellas sobresalen algunas medidas sugeridas por el CGPJ: la prohibición de los actos públicos de enaltecimiento del franquismo y la definición de los requisitos que permitirán la disolución de entidades como la Fundación Francisco Franco, fundamentadas en la exaltación de la figura del dictador así como del franquismo. La constitucionalidad de estas medidas, tal y como advirtió el órgano de gobierno de los jueces en su dictamen, se sustenta en el “vilipendio” a las víctimas.

El Ejecutivo lleva ahora al Parlamento este proyecto que aspira a recoger las aportaciones que puedan hacer los distintos grupos parlamentarios, sobre todo, adscritos a la izquierda. Por su parte, la extrema derecha representada por Vox ya ha anunciado, sin siquiera conocer su contenido y sin esperar a su tramitación parlamentaria, que pretende recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.

Entre tanto, las asociaciones memorialistas piensas que la nueva norma se queda escueta, de modo que tratarán de influir en las formaciones parlamentarias en aras de modificar algunos de sus términos a través de enmiendas en el Congreso y el Senado.

Protección y reconocimiento de las víctimas

Los términos de este entramado jurídico se fundamentan en la protección y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Entre un amplio abanico de preceptos, sobresalen la nulidad de los juicios represivos del franquismo, el impulso a las exhumaciones de los restos de los represaliados y la creación de un banco de ADN que permita la identificación de los desaparecidos del franquismo.

Asimismo, se prevé dotar al Tribunal Supremo de un fiscal de Sala que fomente la investigación de los crímenes del franquismo y proteja los derechos de sus víctimas. También es creará un Consejo Territorial de Memoria Democrática.

Retirada y resignificación de símbolos

La norma aborda algunos de los aspectos más esenciales que han marcado las políticas de Memoria Histórica, motivo por el cual se quiere culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando, además, un régimen sancionador del que carecía la Ley de Memoria Histórica.

También se prevé la retirada de honores, medallas y distinciones, incluidos los títulos nobiliarios, que hubieran supuesto la exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura franquista. El Valle de los Caídos por su parte, sería transformado en un cementerio civil que pretende honrar la memoria de las víctimas de ambos bandos durante la contienda.

De forma paralela, se ha determinado que algunos enclaves podrán ser declarados “lugares de memoria democrática”.

Memoria Histórica en los currículos

Finalmente, cabe destacar que además se incluyen previsiones relacionadas con el ámbito educativo. Mediante programas divulgativos, la administración General del Estado estará obligada a promover el conocimiento de la historia y la memoria democrática, conceptos que asimismo se pretenden incorporar a los contenidos curriculares de los centros educativos.