Siempre nos quedará la duda de si esa renuncia ha sido totalmente voluntaria, forzada o, simplemente “sugerida” por sus superiores. Recordamos que según los estatutos votados por todos los grupos de la oposición, esta renuncia debe ser totalmente voluntaria, porque el haberle apartado de sus cargos de responsabilidad no implica retirarle unas retribuciones que le fueron asignadas al inicio de la legislatura, de aquí su carácter voluntario. Fue precisamente Compromís quien sugirió ya hace unas semanas, lo que ha hecho el presidente de la Diputación Javier Moliner, quien ayer anunciaba que hoy mismo iba a proponer un cambio en el reglamento para adecuar los sueldos de los políticos al desempeño de funciones.
La caja de los truenos la destapó la depuradora de Borriol cuya adjudicación le costó el cargo al hasta entonces, 19 años vicepresidente primero de la diputación Francisco Martínez, cuya familia es propietaria de unos terrenos donde se iba a construir esta infraestructura. Desafectados los terrenos de la familia de Martínez, se destapó que los contiguos donde se seguía adelante con el proyecto, eran propiedad de Raúl Babiloni, socio de Martínez en otras empresas. Con la ley en la mano, el proceso debía seguir adelante, porque la expropiación al socio de un político no es constitutivo de ningún delito, aunque la evidencia es que el asunto es feo, tanto que ha hecho romper incluso el pacto de gobierno Veïns de Borriol y PP, que otorgaba la alcaldía de Borriol a los populares. Mañana se vota la expropiación de los terrenos y la oposición en bloque ha anunciado que votará en contra.
¿Tendrá que pagar el ayuntamiento de Borriol y la diputación las indemnizaciones millonarias, como anunció el alcalde de Borriol, si este proceso no continuaba? ¿Tendrá que esperar Borriol otros cuatro años hasta que se adjudique una nueva depuradora? Solo el tiempo dará respuesta. Lo único que nos queda claro es que la ejemplaridad de algunos políticos, brilla por su ausencia.