El Gobierno Vasco da luz verde a ABRA para que vendan sus caldos en España bajo la denominación " Viñedos de Álava"

El Boletín Oficial del País Vasco publica este martes la orden por la que se aprueba la Denominación de Origen, Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava. El Gobierno de Urkullu autoriza de esta forma la venta de vino en toda España bajo este etiquetado reivindicado por la asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, ABRA. La Unión Europea analiza un expediente tras el cual deberá tomar una decisión en firme que zanje el conflicto.

Desde ABRA, la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, su presidenta , Inés Baigorri ha estimado en Onda Cero que "las primeras cosechas con esta etiqueta podrían corresponder a la cosecha del año que viene. En cualquier caso, la decisión de adscribirse o quedarse en la DO Rioja, es un criterio empresarial que corresponde a bodegueros y viticultores"

LA DIPUTACION DE ALAVA RESPETA

Por su parte, el Diputado general de Álava, Ramiro González, "respeta la iniciativa empresarial , pero confía en que se consiga una denominación de Rioja Alavesa bajo el paraguas Rioja". Cree que es lo más beneficioso para Álava y confía en que se conseguirá ya que cree que serán muchos viticultores y profesionales del sector los que se sumarán a esta iniciativa. Ramiro González, ha querido reseñar que esta decisión del Gobierno Vasco es algo que ya se sabía que iba a pasar porque en el trámite burocrático la petición de viñedos de Álava es totalmente legal. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Gobierno Vasco , Bingen Zupiria.

El proceso arranca a partir de mañana -la orden se hace efectiva al día siguiente de su publicación-. Pero no implica el uso inmediato del nuevo etiquetado. La nueva denominación de origen (DO) tendrá que aprobar unos estatutos, cuyo borrador obra ya en poder del Gobierno vasco. De forma «inminente» (no se descarta que pueda ser esta misma semana) se convocará una reunión a tres bandas: ABRA como entidad solicitante, Diputación de Álava, como institución competente, y el propio Gobierno vasco como órgano tramitador.

Lo que está claro es que será Bruselas la que diga la última palabra