La resolución judicial determina que el Gobierno vasco debe devolver un piso de alquiler social a un matrimonio y a sus cuatro hijos que llevaban okupando la vivienda de Muskiz durante un año, según adelanta El Correo.
La familia denunció al departamento de vivienda por coacciones al instalar una puerta anti-intrusión en el piso en el que vivían.
Ahora, el Ejecutivo vasco debe permitir a esta familia seguir viviendo en la casa hasta que no se resuelva la demanda que el Gobierno presentó en enero para recuperar el piso de alquiler social.