Flavia Navarrete: "Hay un racismo estructural que lleva a personas a delinquir"
SOS Racismo Nafarroa advierte de la "intensificación" de los controles de movilidad policiales "por perfil étnico" con "cacheos" y, en ocasiones, un "uso de lenguaje racista o el uso desproporcionado de la fuerza".
Aitor Plaza | Europa Press
Pamplona / Iruña |
La Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización de SOS Racismo Nafarroa atendió el año pasado 151 casos de manera presencial. El 55% fueron hombres y del total, casi dos tercios tenían una edad comprendida entre los 19 y los 40 años.
Desde SOS Racismo Nafarroa, Flavia Navarrete, destaca que existe un “racismo institucional" que funciona manteniendo "a una parte de la clase trabajadora en la irregularidad mientras, por otro, genera una narrativa acerca de quién es sujeto de derechos y quién no”.
En cuanto al "agente discriminador", en el 68% de los casos se trataba de una entidad pública, principalmente por "dificultades o trabas en el acceso a protección social". El segundo ámbito más amplio fueron las actuaciones policiales, con un 23%, incluyendo las denominadas "citas trampa', "situaciones de violencias por parte de agentes de policía" y controles de identidad "por perfil étnico".
Asimismo, SOS Racismo ha llamado la atención ante las "vulneraciones a derechos" de las familias solicitantes del programa de acogida. Señala Navarrete que "no existe una adecuación del programa de acogida a las necesidades y condiciones de las personas solicitantes de asilo".
En cuanto al sistema de protección social, SOS Racismo critica la "falta de coordinación y criterios comunes entre las unidades de barrio y los servicios sociales de base, el departamento de Derechos Sociales y el área de alta exclusión del Ayuntamiento de Pamplona, cambios en los protocolos de atención, acceso y tramitación de prestaciones y ayudas".
Igualmente, señalan un "trato discriminatorio en las atenciones, en las entrevistas se les cuestiona el motivo para migrar, se les obliga a que relaten nuevamente situaciones traumáticas que las revictimizan o se aconseja regresar a sus países".
A ello ha sumado "una denegación a la vivienda y al empadronamiento", en el acceso a la tarjeta sanitaria individual o a cursos de formación profesional y o de educación posobligatoria ni de aprendizaje de idiomas. También ha afirmado que "se han intensificado" los controles de movilidad policiales "por perfil étnico" con "cacheos" y, en ocasiones, un "uso de lenguaje racista o el uso desproporcionado de la fuerza".
Finalmente, ha alertado ante los "discursos de odio" en los que "se vincula a estas poblaciones racializadas con conductas delictivas, socialmente reprobables o como sujeto de situaciones de exclusión social".