El juzgado de Caravaca que investiga a José Vélez rechaza dar más tiempo a la Fiscalía porque las pruebas que pide ya se hicieron

PP y PSOE se han enzarzado en la región de Murcia a cuenta de la situación procesal del nuevo Delegado del Gobierno, José Vélez, que esta tarde renunciará formalmente en pleno a la alcaldía de Calasparra y la semana que viene tomará posesión del cargo como Delegado del Gobierno en sustitución de Francisco Jiménez.

El senador del PP, Francisco Bernabé, ha dicho que “Pedro Sánchez empaña la delegación del gobierno al nombrar al frente a un imputado por dos delitos de corrupción”. Bernabé pregunta dónde está la congruencia del PSOE si el mismo José Vélez firmó un código ético que pedía inhabilitar para cargos públicos a personas imputadas. “Qué le puede deber Sánchez a Vélez para nombrarlo delegado siendo consciente del daño político que le hace su nombramiento al PSOE" pregunta Bernabé que cree que han convertido la delegación en un "lugar para recolocar a amiguetes".

El portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, dice que le avergüenza Bernabé y recuerda que su paso por la Delegación del Gobierno “es la etapa más lamentable y gris de toda nuestra Democracia porque apaleó a los vecinos”. Lucas espera que Bernabé pida disculpas a Vélez y a todos los murcianos en cuanto la justicia archive.

En el juzgado de instrucción número 3 de Caravaca existe una causa judicial abierta contra José Vélez por presunta prevaricación y malversación tras una denuncia presentada contra él por PP, Cs y Calasparrra Viva al considerar que cobró 4.572 euros de manera indebida al haber renunciado supuestamente a la dedicación exclusiva durante el periodo comprendido entre junio de 2016 y julio de 2017, aunque en realidad no hubo formalización de ninguna renuncia, sino una “actuación cautelosa” por parte de José Vélez y de todos los concejales del Ayuntamiento de Calasparra que renunciaron voluntariamente a percibir remuneración alguna hasta que no se pronunciase la justicia ya que el PP del municipio calasparreño mantenía varios pleitos abiertos contra el acuerdo de pleno que acordó las retribuciones y el régimen de dedicación de todos los concejales de la corporación para la legislatura. Durante esa etapa de tiempo todos los concejales siguieron con su trabajo municipal asignado, pero sin cobrar. Solo Vélez volvió a su puesto de trabajo como funcionario del SMS y por eso solo cobró de forma retroactiva 4.572 euros por asistencia a plenos.

El origen de la polémica se encuentra en el Acuerdo de Pleno de 16/06/2016 que estableció el régimen de dedicaciones y económico de Concejales y grupos municipales. Como tenía efectos retroactivos fue recurrido por la oposición. Se impugnó la legalidad del carácter retroactivo que finalmente resultó ser ajustada a Derecho. La Sentencia del TSJ de Murcia de 24 de julio de 2017 puso fin a la discusión por primera vez y por eso a partir de esa fecha se volvieron a iniciar los pagos a todos los miembros de la corporación municipal de Calasparra. Esa sentencia es firme porque los denunciantes acudieron incluso al Tribunal supremo, que inadmitió su recurso y les condenó en costas.

Cuatro sentencias, dos de ellas del TSJ de la región de Murcia, avalan la legalidad del acuerdo de pleno de junio de 2016 del ayuntamiento de Calasparra sobre el régimen de dedicación y las remuneraciones que debían percibir todos los concejales de la corporación, incluido José Vélez y su concejal y actual secretario de organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce. "Como perdieron por la vía contencioso administrativa, recurrieron a la vía penal sobre la premisa falsa de que habían renunciando" dicen desde el PSOE. Según la querella presentada por María Marín (PP), Jesús Alajarín (Ciudadanos) y Alonso Torrente (Calasparra Viva), las retribuciones ilegales habrían sido de 4.572 euros para Vélez; 15.071 para Arce; y 10.582 euros para José Moreno.

La defensa de Vélez ha solicitado el archivo de la causa penal en dos ocasiones y solo está pendiente de que se pronuncie la Fiscalía que el pasado 14 de enero pidió una prórroga de 18 meses para practicar nuevas pruebas, aunque lleva casi un año sin pronunciarse sobre este asunto. La Fiscalía ni siquiera acudió a la declaración del alcalde de Calasparra ante el juez en octubre de 2018. Ahora, el juzgado número 3 de Caravaca ha rechazado dar más tiempo a la Fiscalía y señala que las pruebas que ahora solicita ya se realizaron y, por tanto, insta a esta a que se pronuncie sobre si la causa se debe archivar o convertirse en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral. El plazo legal expira el próximo 14 de marzo.

En el PSRM-PSOE aseguran estar tranquilos con la situación procesal de José Vélez. Están seguros de que se archivará la causa y lamentan que “la única estrategia de la oposición en Calasparra sea la de denunciar todo lo que se mueve. Contabilizamos decenas de denuncias en Calasparra por asuntos varios” señalan fuentes socialistas.

La querella contra Vélez la firmaron Ciudadanos, Calasparra Viva y PP cuya portavoz, María Marín, está siendo investigada por el juzgado número 2 de Caravaca de la Cruz por presunta malversación de caudales pública y falsedad documental durante su etapa como jefa de contabilidad de Caravaca Jubilar. La Fiscalía estima que Marín pudo haber malversado más de 250.000 euros.